Un informante colaboró con autoridades estadounidenses para reconstruir una red de petróleo robado, contrabando y lavado. En México, la pregunta sigue sin respuesta: ¿qué sabían las instituciones y por qué el caso no avanzó?
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El escándalo no empieza con el nombre de un informante. Empieza mucho antes, cuando las autoridades mexicanas tuvieron señales sobre una red de contrabando de combustibles y, pese a ello, el negocio siguió creciendo entre aduanas, empresas, operadores políticos y organizaciones criminales.
Luis Ariel Rivera Rodríguez aparece en investigaciones periodísticas como una pieza relevante para las autoridades de Estados Unidos. Su testimonio habría ayudado a reconstruir operaciones relacionadas con petróleo robado, contrabando, lavado de dinero y presuntos apoyos al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Conviene, sin embargo, no saltarse los límites de la información disponible. El proceso contra integrantes de la familia Jensen se desarrolla en el Distrito Sur de Texas. Además, los documentos públicos conocidos hasta ahora no permiten afirmar que Rivera haya identificado judicialmente a Adán Augusto López como jefe de esa estructura.
El señalamiento existe en la columna de Salvador García Soto, pero una acusación de esa magnitud necesita pruebas incorporadas a un expediente: transferencias, registros aduanales, sociedades, permisos, vuelos, comunicaciones y testimonios corroborados. En un asunto penal, la sospecha puede abrir una investigación; no sustituye la evidencia.
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Eso no reduce la gravedad del caso. Al contrario, obliga a mirar el fondo. El huachicol ya no puede entenderse únicamente como la ordeña de ductos. Se convirtió en un circuito transnacional capaz de mover crudo, combustibles, facturas falsas y dinero mediante compañías aparentemente legales.
El esquema descrito por autoridades estadounidenses resulta especialmente delicado. Petróleo presuntamente robado a Pemex cruza hacia Estados Unidos con documentación irregular, pasa por intermediarios y genera recursos para organizaciones criminales. Después, los combustibles pueden volver a México bajo declaraciones aduanales falsas o clasificaciones diseñadas para evadir impuestos.
Ese entramado no funciona sin protección. Se necesitan contactos en aduanas, permisos reutilizados, empresas que facturen, transportistas, cuentas bancarias y servidores públicos dispuestos a no revisar demasiado. Por eso, cuando una red alcanza ese tamaño, la explicación del “funcionario aislado” deja de ser creíble.
Hay otro dato que vuelve más incómoda la historia. Desde 2021, Proceso informó que la Unidad de Inteligencia Financiera había denunciado a Rivera ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones relacionadas con contrabando de combustible, defraudación fiscal y recursos de procedencia ilícita.
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Si la denuncia fue presentada, corresponde preguntar qué ocurrió después. ¿La FGR abrió una investigación? ¿Rastreó cuentas? ¿Citó a funcionarios aduanales? ¿Compartió información con otras instituciones? ¿El expediente avanzó o quedó atrapado en esa zona gris donde los casos políticamente incómodos pierden velocidad?
Ese es, por ahora, el centro del asunto. No basta con exigir una sentencia contra un político para admitir que hubo responsabilidad institucional. Las autoridades también responden por lo que investigan mal, por lo que archivan sin explicación y por las alertas que dejan pasar mientras el daño sigue acumulándose.
Para el ciudadano, el huachicol fiscal no es una disputa lejana entre agencias, fiscales y empresarios. Significa menos recaudación, competencia desleal, presión sobre Pemex y menos recursos para hospitales, carreteras, seguridad y servicios públicos. El fraude termina pagándose con dinero que nunca llega al presupuesto.
México no necesita condenas mediáticas ni absoluciones desde el poder. Necesita expedientes abiertos a revisión, investigaciones que sigan el dinero y autoridades capaces de actuar sin preguntar primero a qué partido pertenece el involucrado.
El testigo pudo haber abierto la cloaca. La pregunta verdaderamente grave es por qué, cuando el olor ya estaba en todas partes, el Estado mexicano decidió comportarse como si no pasara nada.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Salvador García Soto, publicada en su espacio “Serpientes y Escaleras” en El Universal.
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