La presunta lista de políticos mexicanos que buscan acercarse a Estados Unidos revela una crisis mayor: la lealtad partidista se rompe cuando aparecen expedientes, visas, propiedades e investigaciones.
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La presunta lista de políticos mexicanos que habrían buscado acercarse a Estados Unidos dice más sobre el miedo que sobre la lealtad. Cuando el poder siente que los expedientes pueden cruzar la frontera, la disciplina partidista se vuelve frágil, las consignas se apagan y cada quien empieza a calcular su propia salida.
El tema no puede tratarse como sentencia. No existen pruebas públicas completas ni resoluciones judiciales contra cada nombre señalado. Pero el golpe político ya está dado: reportes periodísticos internacionales colocaron sobre la mesa la versión de que al menos diez políticos mexicanos, incluidos gobernadores y legisladores, habrían ofrecido información a autoridades estadounidenses.
La reacción oficial fue previsible. Claudia Sheinbaum y los gobiernos de Tamaulipas y Sonora negaron los señalamientos y acusaron falta de evidencia verificable. El problema es que la negación ya no alcanza cuando la conversación escala a Washington, toca agencias estadounidenses y pega directo en la narrativa de unidad del oficialismo.
La llamada “lista de los sapos” rebasa el chisme político. Lo que exhibe es una fractura entre el discurso de soberanía nacional y la conducta privada de personajes que, según versiones periodísticas, estarían buscando protección, trato preferente o margen de maniobra ante posibles investigaciones.
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El huachicol fiscal dejó de ser un expediente doméstico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos mexicanos y nueve entidades por una presunta red de contrabando de combustible vinculada al CJNG, con documentos falsos, empresas fachada y evasión fiscal. Ese dato cambia el tamaño del problema.
Ya no se habla solo de corrupción local. Se habla de redes que cruzan aduanas, permisos, logística, gasolineras, campañas, lavado de dinero y crimen organizado. Cuando ese tipo de trama entra al radar estadounidense, la política mexicana pierde control sobre sus propios tiempos.
Por eso cada abogado contratado, cada consultor en Washington y cada interlocutor externo manda una señal. Puede presentarse como promoción económica, defensa legal o gestión institucional. Aun así, la lectura pública es más áspera: varios actores parecen más preocupados por salvar visas, propiedades o futuro político que por transparentar su conducta ante México.
El caso de Ricardo Gallardo Carmona muestra esa zona gris. Se reportó que su gobierno contrató servicios vinculados a Roger Stone, aliado histórico de Donald Trump. El gobernador negó que se tratara de una gestión personal o de una búsqueda de inmunidad, y sostuvo que el objetivo era atraer inversión a San Luis Potosí.
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Ahí está el desgaste. Cuando un gobierno necesita explicar que no busca protección, ya perdió parte de la batalla narrativa. La política también se mide por señales, y las señales apuntan a una élite que habla en público de convicciones, pero opera en privado con calculadora de riesgos.
Para el ciudadano común, esto no es una pelea entre columnas ni una guerra de filtraciones. Importa porque el huachicol fiscal roba recursos públicos, distorsiona el mercado de combustibles, fortalece al crimen organizado y castiga a quienes sí pagan impuestos.
También importa por una razón más grave: si campañas, gobiernos o carreras políticas se financiaron con dinero oscuro, la democracia queda hipotecada. El voto deja de competir contra ideas y empieza a competir contra redes de dinero, protección e impunidad.
La postura editorial debe ser firme. No se puede condenar sin pruebas, pero tampoco se puede gobernar desde la opacidad. Morena, sus aliados y la oposición deben responder con expedientes, auditorías, investigaciones y consecuencias. La soberanía no se defiende con discursos; se defiende limpiando la casa.
La verdadera traición no sería que algunos políticos hablen con Estados Unidos. La traición mayor sería que México confirme, otra vez, que quienes prometieron transformar al país solo transformaron el poder en refugio, negocio y coartada.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Salvador García Soto, publicada en su espacio “Serpientes y Escaleras” de El Universal.
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