El caso Rocha Moya ya no solo mide una acusación judicial: mide la capacidad del gobierno mexicano para defender soberanía sin caer en negación política.
Editorial | Política
Análisis
Noticias
Política Gurú
El caso Rubén Rocha Moya ya dejó de ser un expediente incómodo para convertirse en un choque de poder entre México y Estados Unidos. Washington acusa. México pide pruebas. Y en medio queda una pregunta que Palacio Nacional no puede esquivar: ¿la defensa es institucional o partidista?
La acusación contra el exgobernador de Sinaloa y otros nueve señalados no equivale a una sentencia. Eso debe quedar claro. Nadie puede ser condenado desde una conferencia, una filtración o una declaración de Donald Trump. Pero tampoco conviene cometer el error contrario: creer que una acusación federal en Estados Unidos se agota porque sus pruebas no aparecen en público desde el primer día.
Ahí está el punto delicado. El gobierno mexicano tiene derecho a exigir evidencia y cuidar el debido proceso. Sin embargo, otra cosa muy distinta es convertir esa exigencia en coartada política. Decir “Trump no tiene pruebas” puede funcionar como consigna defensiva. Como estrategia de Estado, suena frágil.
Te puede interesar: México bajo presión: simulacro, campo endeudado, Trump y el Tri marcan la agenda
Estados Unidos no siempre muestra todas sus cartas al inicio. Sus fiscales suelen reservar testimonios, rutas financieras, declaraciones de cooperantes y expedientes completos para el juicio. México ya vio esa película con el caso Genaro García Luna: criminales convertidos en testigos, dichos con peso judicial y una condena que cambió la lectura política de todo un sexenio.
Por eso, el exceso de confianza en Morena resulta peligroso. Si en Palacio Nacional creen que Trump solo lanzó otra amenaza para después retroceder, están leyendo el caso como pleito de mañanera, no como disputa judicial y geopolítica. Y esa diferencia importa.
El daño tampoco se limita a Rocha Moya. Una acusación de este tamaño golpea la credibilidad del sistema político mexicano, prende alertas en el sector financiero y vuelve más pesada cualquier conversación bilateral. También deja al ciudadano común frente a una duda amarga: si el crimen organizado influyó en una elección, ¿quién protegió el voto?, ¿quién miró hacia otro lado?, ¿quién se benefició?
Síguenos en X (antes Twitter) para mantenerte siempre informado
Reducir el caso a “injerencismo” de Washington es cómodo. También incompleto. México debe defender su soberanía, sí, pero la soberanía no se defiende tapando expedientes, minimizando acusaciones o cerrando filas por disciplina partidista. Se defiende investigando aquí, con seriedad, antes de que otro país termine imponiendo la agenda.
Sheinbaum tiene poco margen para equivocarse. Si se dobla ante Estados Unidos sin pruebas, debilita al Estado mexicano. Pero si protege a Rocha Moya por cálculo interno, lastima su propia autoridad. La salida no está en el discurso duro, sino en una investigación nacional creíble, transparente y sin privilegios.
Rocha Moya debe enfrentar la ley si existen elementos. Si no los hay, también debe quedar claro. Lo que no puede permitirse México es seguir atrapado entre la negación política y la presión extranjera.
Porque el verdadero problema no es si Trump tiene pruebas. El problema es que México parezca dispuesto a esperar a que Washington investigue lo que aquí debió aclararse desde hace años.
Crédito editorial: Esta editorial está basada en la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio, publicada en Nada Personal, en El Financiero.
Be the first to comment on "Rocha Moya: el error de apostar a que Trump no tiene pruebas"