Soberanía en disputa: México desafía a Trump, pero el crimen ya manda en la calle

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México tiene razón al rechazar presiones de Donald Trump. Pero la defensa de la soberanía queda incompleta mientras el crimen organizado imponga reglas, cuotas y miedo en comunidades enteras.

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México tiene razón cuando rechaza cualquier intento de presión extranjera. Ningún gobierno, tampoco el de Donald Trump, debe dictar desde Washington qué decisiones toma el país. Pero la defensa de la soberanía nacional se vuelve incompleta cuando, dentro del territorio mexicano, el crimen organizado ya decide demasiado.

La pregunta de Claudia Sheinbaum —si México decide desde afuera o desde adentro— pega en el centro del debate. El problema es que la respuesta no puede quedarse en una consigna. Porque en varias regiones del país no decide Estados Unidos, pero tampoco decide plenamente el Estado mexicano.

Deciden grupos armados. Deciden quiénes cobran piso. Deciden quiénes controlan caminos, mercados, horarios, silencios y permisos informales para trabajar o vivir.

Ahí está el punto incómodo.

El discurso soberanista tiene un punto ciego

Defender a México frente a Trump es correcto. Incluso necesario. Las amenazas, presiones o insinuaciones intervencionistas deben rechazarse sin titubeos. La soberanía no se negocia en una conferencia de prensa ni en una declaración desde la Casa Blanca.

Pero tampoco se defiende solo con discursos.

La soberanía se rompe cuando un comerciante paga una cuota criminal para abrir su local. Se quiebra cuando un transportista cruza una carretera con miedo. Se debilita cuando una familia entrega dinero para seguir viviendo en su propia casa. Y se vuelve una ficción cuando la autoridad formal conserva el cargo, pero el poder real lo ejerce otro.

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Eso no significa que México sea un narcoestado en automático. Sería una simplificación peligrosa. Lo que sí muestra es algo más complejo y más difícil de aceptar: una gobernanza híbrida, donde el Estado sigue ahí, pero comparte terreno con poderes criminales que imponen reglas propias.

El Estado conserva el sello; el crimen gana la calle

El caso de Sinaloa exhibe esa fractura con crudeza. La crisis política alrededor de Rubén Rocha Moya y las acusaciones desde Estados Unidos abrieron un choque diplomático que Morena intentó encapsular en la narrativa de soberanía.

Sin embargo, la discusión de fondo no desaparece. En Sinaloa, como en otros estados, la vida cotidiana ha sido marcada por asesinatos, desapariciones, robos violentos, cierres de negocios y miedo. La autoridad puede emitir comunicados. Pero en la calle, muchas veces, la gente sabe quién manda, quién amenaza y quién castiga.

Ahí la soberanía deja de ser un concepto jurídico y se vuelve una experiencia diaria. O existe, o no existe.

La misma lógica aparece en el cobro de piso. Ya no se trata solo de extorsiones a grandes negocios. El fenómeno bajó al nivel más íntimo: familias, pequeños comerciantes, productores, transportistas, mercados y comunidades enteras sometidas a una doble tributación. Una legal, ante el Estado. Otra criminal, ante quien controla el territorio.

La pregunta real: ¿quién ejerce la soberanía

El debate no debería ser si México debe responderle a Trump. Claro que debe hacerlo. La pregunta más dura es otra: ¿quién ejerce la soberanía dentro de México?

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Formalmente, el gobierno. En los hechos, no siempre.

Cuando el crimen controla rutas, vigila accesos, impone precios, regula mercados, decide quién entra a una comunidad o cobra por dejar trabajar, ya no estamos ante un problema aislado de seguridad. Estamos ante una disputa de autoridad.

Y esa disputa golpea directo al ciudadano común. Le sube el precio de los productos. Le encarece el transporte. Le cierra negocios. Le roba tranquilidad. Le cambia horarios. Le impone miedo. Le reduce libertades básicas que deberían estar garantizadas por el Estado.

Por eso la narrativa oficial necesita más que una defensa patriótica. Necesita resultados territoriales.

La soberanía no se prueba por cuántas veces se menciona en una mañanera. Se prueba cuando una comunidad puede vivir sin retenes criminales. Cuando un productor no paga cuota. Cuando un comerciante denuncia y no termina muerto. Cuando un gobernador no depende de pactos oscuros para sostener la calma.

México debe defenderse de cualquier presión extranjera. Sí. Pero también debe recuperar los espacios donde el crimen ya gobierna sin pedir permiso.

Porque un país no es plenamente soberano si sus ciudadanos obedecen al Estado de día y al criminal de noche.

Editorial basada en la columna de opinión de Raymundo Riva Palacio en su columna Nada Personal, publicada en El Financiero.

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