El crimen organizado encontró otra vía para presionar a pequeños comercios: imponer máquinas tragamonedas en tiendas de abarrotes y pasar después por el dinero.
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El crimen organizado encontró otra vía para presionar a pequeños comercios: imponer máquinas tragamonedas en tiendas de abarrotes y pasar después por el dinero. La práctica, documentada en municipios del sur de Zacatecas, coloca a comerciantes en una disyuntiva peligrosa: aceptar un negocio ilegal o enfrentar posibles represalias.
El caso ocurre principalmente en la región de Tabasco, Jalpa y zonas cercanas, donde testimonios de tenderos describen visitas de hombres que dejan las llamadas “maquinitas” sin pedir autorización. Después, regresan a recoger las ganancias, incluso fuera del horario comercial. Por esa presión, al menos un comerciante decidió cerrar su tienda.
El problema no se limita a Zacatecas. Reportes periodísticos ubican esta modalidad en al menos 10 estados, lo que muestra cómo las tragamonedas pasaron de ser un juego tolerado en tienditas a una herramienta de extorsión, financiamiento criminal y control territorial.
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Además, la presión cae sobre negocios familiares que operan con márgenes reducidos. Para muchos comerciantes, el riesgo no solo es económico. También implica quedar atrapados entre la amenaza de grupos delictivos y una actividad prohibida por la legislación federal.
La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe los juegos de azar y apuestas fuera de los supuestos autorizados, mientras que su reglamento prohíbe las tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Por ello, una tienda obligada a instalar estas máquinas puede terminar expuesta penal o administrativamente, aunque actúe bajo coerción.
Un foco rojo
Tabasco, Zacatecas, ya había sido identificado como un foco rojo por la presencia e incursión de grupos criminales relacionados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. En ese contexto, fuerzas federales y estatales intensificaron operativos contra redes de tragamonedas, señaladas también como espacios usados para enganchar menores y obtener recursos.
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El 23 de mayo, la Fiscalía General de la República informó el aseguramiento de siete máquinas tragamonedas en un inmueble de la zona centro de Tabasco, Zacatecas. La investigación inició por una denuncia anónima y el cateo fue realizado por la Policía Federal Ministerial, con apoyo de peritos y seguridad perimetral de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Además, en abril se realizó otro cateo en Jalpa, donde fueron aseguradas 13 máquinas. El año pasado, autoridades incautaron otras 39 en Pánuco. Aunque los decomisos muestran reacción institucional, también exhiben una red que se ha expandido en zonas con alta vulnerabilidad comercial.
El riesgo escaló todavía más cuando autoridades detectaron un presunto ataque con explosivos contra elementos federales y militares que participarían en operativos contra tragamonedas. El 16 de mayo fueron localizados 10 paquetes explosivos sobre un tramo de la carretera federal 54, que luego fueron desactivados.
Para los ciudadanos, el impacto es directo. Si una tiendita cierra, una colonia pierde abasto cercano, empleos familiares y un punto de convivencia cotidiana. Por eso, el reto no es solo decomisar máquinas, sino proteger a quienes denuncian y evitar que el crimen convierta pequeños negocios en cajas de cobro.
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