El impuesto criminal volvió a Veracruz. Grupo Sombra, CJNG y aliados disputan cuotas, rutas y penales, mientras comercios y taxistas sobreviven entre amenazas.
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Vuelve el impuesto criminal: tres cárteles cobran piso a negocios de Veracruz
En el norte de Veracruz, el impuesto criminal volvió con furia. Además, el cobro de piso asfixia a comercios en Tuxpan, Poza Rica y Papantla.
En Totonacapan y la Huasteca, la disputa no se detiene. Sin embargo, la violencia ya no solo obedece a drogas, sino a extorsión sistemática.
Células del Grupo Sombra o Mafia Veracruzana, del CJNG y del Cártel del Golfo compiten por territorios, cuotas y aliados. Asimismo, las alianzas cambian seguido.
Este agosto, asesinatos sacudieron municipios clave. Por ello, habitantes describen una guerra silenciosa por control territorial y zonas de extorsión.
El 3 y 4 de agosto hubo motín en el penal de Tuxpan. Videos mostraron incendios; autoridades reportaron siete reos muertos y once heridos.
Días después, drones lanzaron artefactos explosivos al interior del mismo penal. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero el mensaje fue inequívoco: rebasar muros.
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Casi en paralelo, aparecieron cuerpos abandonados sobre la carretera Poza Rica–Cazones. Por ello, la Fiscalía confirmó varios cadáveres y abrió investigaciones.
La violencia viene de antes. En 2023, Poza Rica estremeció al país con cuerpos en congeladores, un episodio que reveló la magnitud del horror.
En 2024, sicarios dejaron cadáveres y dispararon al aire en pleno zócalo de Cazones. Así, la plaza quedó marcada como botín.
La cara más cruda del cobro de piso fue el caso de Irma Hernández, taxista y maestra. Su asesinato confirmó la presión contra transportistas.
Según reportes, el Grupo Sombra opera extorsiones desde cárceles y calles; incluso reos lo han admitido en grabaciones difundidas. Asimismo, la autoridad investiga.
Mientras tanto, empresarios, taxistas y pequeños comerciantes cargan con cuotas mensuales. Por ello, panaderías, pollerías y verdulerías sobreviven entre amenazas y “avisos”.
Asimismo, colonias enteras funcionan bajo “halconeo” forzado. Sin embargo, la llegada de fuerzas federales ha sido intermitente y los cambios de bando complican todo.
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La Guardia Nacional y autoridades estatales prometen contener la extorsión. Aun así, expertos advierten que sin inteligencia financiera solo se pateará el problema.
En el terreno, cada peso pagado fortalece la economía criminal. Por eso, el impuesto criminal se volvió un negocio más rentable que el narcomenudeo.
Además, la disputa involucra rutas a la sierra poblana y salidas al Golfo. Así, el control de carreteras multiplica la capacidad de intimidación regional.
Para las víctimas, denunciar sigue siendo riesgoso. No obstante, asociaciones civiles y colectivos insisten en documentar fosas clandestinas y desapariciones.
Las familias recuerdan La Gallera y Totolapa en Tihuatlán, símbolos de búsqueda interminable. Sin embargo, la identificación de restos es lenta y dolorosa.
En paralelo, el gabinete federal prometió acciones contra la extorsión tras los hechos de Tuxpan. Sin embargo, la ciudadanía exige resultados medibles y transparencia.
También urge depurar policías locales y supervisar penales sin excusas. Y auditorías constantes a mandos, efectiva.
Finalmente, la región necesita coordinación, investigación patrimonial y protección a víctimas. En suma, romper la cadena del cobro de piso exige Estado presente y justicia.
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