La Suprema Corte desechó el recurso del SAT contra Femsa por 2,868 millones de pesos y dejó firme una sentencia clave para la seguridad jurídica.
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La Suprema Corte frenó el intento del SAT de revivir un litigio fiscal contra Femsa por 2 mil 868 millones de pesos y dejó firme la resolución que la empresa ya había ganado. El fallo, votado este jueves 2 de julio en Ciudad de México, volvió a colocar en el centro una discusión sensible: hasta dónde puede llegar el fisco sin vulnerar la seguridad jurídica.
La decisión confirmó la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que anuló el crédito fiscal ligado al ejercicio de 2011. Para la Corte, el recurso de revisión fiscal no tenía materia suficiente para abrir una nueva puerta procesal.
Excedió cinco meses el plazo
El fondo del supuesto adeudo no definió el caso. Lo hizo el tiempo. El TFJA concluyó que las facultades del SAT habían caducado conforme al artículo 67 del Código Fiscal de la Federación.
El expediente marca una ruta precisa. Femsa presentó su declaración anual de 2011 el 4 de abril de 2012. Después, el SAT inició una revisión de gabinete el 10 de marzo de 2017 y notificó un primer crédito fiscal el 23 de septiembre de 2019.
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Al hacer las cuentas, el tribunal determinó que habían pasado 7 años, 5 meses y 21 días. Es decir, más de cinco meses por encima del límite aplicable. Por eso la nulidad quedó amarrada a la caducidad y a la cosa juzgada.
La mayoría de ministros sostuvo que no podía aplicarse una reforma posterior para afectar derechos ya definidos. El criterio fue directo: ninguna ley puede operar de manera retroactiva en perjuicio de un contribuyente.
Lenia Batres queda en minoría
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó contra el criterio mayoritario. Defendió la posibilidad de revisar este tipo de litigios bajo el argumento de proteger el erario, una postura que ha repetido en asuntos fiscales de alto impacto.
Su voto quedó aislado frente a una mayoría que cerró filas alrededor de los límites procesales, la irretroactividad de la ley y la estabilidad de las sentencias firmes.
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El mensaje pegó en dos frentes. Para sectores empresariales, la resolución funcionó como señal de certeza frente a litigios fiscales de gran tamaño. Para otros, reavivó el debate sobre el margen real del Estado para defender la recaudación cuando enfrenta a grandes contribuyentes.
El caso también alimenta la discusión sobre el futuro de la Corte. La posible llegada de Lenia Batres a la presidencia del máximo tribunal ha generado inquietud en grupos empresariales y jurídicos, aunque ese escenario aún no está definido.
Para el ciudadano común, la disputa no se agota en una pelea entre una empresa y el fisco. Cuando un tribunal decide si un caso cerrado puede reabrirse, también fija reglas para contribuyentes, inversión, empleo y recaudación. La seguridad jurídica no vive solo en los expedientes: termina pesando en la economía diaria.
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