La FGR aseguró cuatro presuntos centros de procesamiento ilícito en tres estados, con hasta 1 millón 96 mil 300 litros bajo investigación y sin detenciones informadas.
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Autoridades federales aseguraron este martes 4 de agosto cuatro presuntos centros de procesamiento ilícito de combustible: dos en San Luis Potosí, uno en Tizayuca, Hidalgo, y otro en Cuautla, Morelos. La FGR no informó detenciones.
Los volúmenes desglosados suman entre 996 mil 300 y un millón 96 mil 300 litros, cerca de 6 mil 900 barriles, sin contar Cuautla. Sin embargo, 456 mil 300 litros hallados en Tizayuca fueron descritos como posible hidrocarburo o producto químico, por lo que su composición sigue bajo análisis.
Las investigaciones comenzaron por denuncias anónimas sobre el ingreso constante de autotanques y, en Cuautla, pipas escoltadas por camionetas, además de olores intensos. Después, la FEMDO coordinó cateos con la SSPC, la Guardia Nacional y Pemex Logística.
El mayor hallazgo ocurrió en la capital potosina. Ahí se aseguraron entre 500 mil y 600 mil litros de petrolíferos, ocho tanques de 80 mil litros, 894 contenedores de mil litros, cilindros, una asfaltadora, generadores, equipo de cómputo y una camioneta.
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Además, los agentes encontraron 40 cinchos para escotillas de pipa y una máquina portátil para roscar tubos. Ese inventario apunta a una operación con capacidad logística relevante, aunque la autoridad todavía debe establecer el origen del producto, su destino y quién controlaba el inmueble.
En Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, el cateo dejó 18 tanques verticales, dos líneas de producción y aproximadamente 40 mil litros de crudo y diésel. Asimismo, se tomaron muestras de ácido sulfúrico y otros líquidos para su análisis.
Por otra parte, en Tizayuca se localizaron 32 contenedores de mil litros, 25 de cinco mil, monitores, documentación y equipo de cómputo. No obstante, el comunicado no aclaró en qué recipientes estaba distribuido todo el volumen encontrado.
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En Cuautla, la FGR no precisó cantidades ni maquinaria. Solo informó el aseguramiento del predio, documentos, talones de cheques y seis muestras de contenedores. Por tanto, cualquier cálculo total sigue siendo provisional y no incluye el contenido de ese sitio.
La presidenta Claudia Sheinbaum había pedido no llamar “refinerías” a instalaciones similares, porque carecerían de la escala y equipo de una planta industrial. En consecuencia, la denominación oficial se limita a centros de procesamiento ilícito mientras avanzan los peritajes.
El caso importa al ciudadano porque una red de combustible ilegal puede causar fugas, incendios y exposición a sustancias peligrosas, además de financiar estructuras criminales y dañar la recaudación. Ahora, el reto no es solo incautar producto: también identificar responsables y desmantelar las rutas de abasto.
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