La FGR revisa el patrimonio de Fernando Farías Laguna tras detectar gastos millonarios, pagos en efectivo y operaciones inmobiliarias que no cuadrarían con sus ingresos como asalariado.
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La FGR puso bajo la lupa el patrimonio del contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Palermo, Buenos Aires, Argentina, después de permanecer prófugo desde agosto de 2025. La investigación apunta a un punto sensible: sus gastos y movimientos financieros habrían superado con amplitud los ingresos reportados como servidor público.
El caso forma parte de una indagatoria mayor por presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos. Además, las autoridades revisan posibles actos de corrupción, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con documentos de la causa penal, Farías Laguna aparecía como empleado del sector público. Sin embargo, también figuró como accionista en Comercial Gámez San Pedro, junto con su esposa, y como socio en Inmobiliaria Falaycava, al lado de Ramón Ángel Castillo.
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Ahí surge una de las primeras inconsistencias. Aunque tenía registros empresariales y profesionales, la autoridad no habría localizado CFDI emitidos por esos conceptos. En otras palabras, no queda claro de dónde salió parte del dinero usado para sostener operaciones patrimoniales de alto valor.
Entre 2020 y 2024, la FGR identificó ingresos por nómina por un millón 765 mil pesos. No obstante, también encontró deducciones fiscales por más de 17 millones 434 mil pesos.
Con esos datos, la autoridad sostiene que Farías Laguna habría gastado 5 millones 668 mil pesos más de lo que recibió por salario. La diferencia, según el expediente, fue más notoria durante 2023 y 2024.
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La revisión financiera también detectó la compra de un terreno, la adquisición de un vehículo valuado en casi 1.9 millones de pesos, pagos en efectivo por más de 500 mil pesos y movimientos mediante cheques de caja.
Además, se reportó una aportación superior a 11 millones de pesos a una póliza de vida en Grupo Nacional Provincial. Ese movimiento elevó las dudas sobre el origen de los recursos.
Otro dato relevante es una operación inmobiliaria por 4.5 millones de pesos. En ella aparecen como vendedores Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, mientras que María Eugenia Farías y Gutiérrez figura como compradora.
Para la FGR, la forma de pago y la coincidencia de apellidos abren la posibilidad de una venta simulada. Esa hipótesis, sin embargo, tendrá que probarse ante un juez.
El hermano del contralmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, permanece preso en El Altiplano, Estado de México, desde septiembre de 2025. Ambos son señalados por su presunta participación en una red que habría facilitado el movimiento de hidrocarburo ilegal.
El impacto va más allá del expediente. Para el ciudadano común, el caso deja una pregunta incómoda: ¿cómo un funcionario con salario público pudo mover bienes, efectivo y pólizas millonarias sin que los controles patrimoniales encendieran alertas antes?
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