La investigación contra los hermanos Farías ya no solo apunta al huachicol fiscal: la FGR ahora revisa gastos, transferencias, propiedades y posibles operaciones de lavado.
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La investigación contra los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna abrió una nueva línea: el presunto lavado de dinero. La FGR no solo revisa su posible participación en una red de huachicol fiscal ligada a las aduanas; ahora también sigue el origen, destino y volumen de sus recursos.
De acuerdo con informes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada mantiene bajo revisión operaciones financieras atribuidas a ambos mandos navales. También aparece en la indagatoria el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, además de las esposas de los principales señalados.
El expediente, según la información disponible, nació a partir de una denuncia anónima presentada el 20 de enero de 2025. Sin embargo, el caso no se sostiene solo en ese aviso inicial. La indagatoria incorpora análisis financieros de la propia FGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera, que revisan movimientos bancarios, pagos en efectivo, transferencias y adquisición de bienes.
Hasta ahora, esta carpeta específica por blanqueo de capitales no ha sido llevada ante un juez. Aun así, el avance de la investigación coloca al caso Farías en un terreno más delicado, porque ya no se trata únicamente de combustible ilegal, sino de la posible construcción de patrimonio con recursos de origen irregular.
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Gastos millonarios y operaciones bajo la lupa
Uno de los puntos centrales apunta al crecimiento de los gastos atribuidos a Manuel Roberto Farías. En 2020, según los datos del expediente, habría erogado 256 mil pesos. Para 2023, esa cifra habría llegado a 4 millones 931 mil pesos.
El salto es relevante. En apenas tres años, sus gastos habrían aumentado casi 20 veces. Por eso, los investigadores buscan determinar si ese incremento corresponde a ingresos lícitos o si refleja una ruta financiera vinculada a actividades ilegales.
En el caso de Fernando Farías, la revisión incluye la compra de un inmueble en Nogales, Sonora, por 2 millones 248 mil 441 dólares. La operación, de acuerdo con los reportes, se habría pagado en cinco parcialidades mediante transferencias internacionales.
Además, las autoridades revisan aportaciones por 11 millones 135 mil pesos a una póliza de seguro de su madre en GNP durante 2021. Ese tipo de movimientos suele ser relevante en investigaciones de lavado, porque puede servir para rastrear recursos, beneficiarios y posibles mecanismos de ocultamiento patrimonial.
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El impacto va más allá del expediente
El caso golpea una zona sensible: la confianza en las instituciones encargadas de vigilar puertos, aduanas y flujos estratégicos. Si se confirma que mandos navales participaron en una red de huachicol fiscal, el daño no será solo penal. También será institucional.
Para el ciudadano común, el tema parece lejano, pero no lo es. El contrabando de combustible afecta la recaudación, distorsiona precios, fortalece redes de corrupción y reduce recursos públicos que deberían llegar a seguridad, salud, infraestructura o servicios básicos.
Por ahora, los involucrados conservan su derecho a la presunción de inocencia. No obstante, la investigación abre una pregunta inevitable: si una red de esta escala operó desde espacios estratégicos, ¿cuántos controles fallaron antes de que el dinero comenzara a delatarla?
Lavado de dinero Farías
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