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El contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, conocido como huachicol fiscal, refleja una red sistemática de corrupción tolerada por diversas autoridades.
Esta operación involucra no solo a delincuentes, sino también a empresas fachada, funcionarios corruptos y actores logísticos que garantizan su funcionamiento sin ser detectados.
Barcos, ferrocarriles, autotanques, almacenes y estaciones de servicio participan en esta cadena ilegal, amparada bajo estructuras aparentemente legales.
De acuerdo con Sergio Reynoso, representante de Canacintra en temas energéticos, el esquema consiste en infiltrar combustible ilícito dentro de operaciones formales.
«Se utilizan compañías fantasma o se soborna a personal dentro de empresas que ya importan legalmente hidrocarburos para introducir parte del cargamento ilegal», afirmó.
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Esta sofisticación, explicó Reynoso, permite disimular el delito mediante maniobras administrativas y logísticas difíciles de rastrear para las autoridades.
Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, subrayó que el crecimiento del huachicol fiscal responde a la ausencia de castigo.
“El delito evoluciona porque existen vacíos normativos, complicidades institucionales y grandes incentivos económicos que siguen sin enfrentarse adecuadamente”, detalló.
A diferencia del robo de ductos, esta nueva modalidad implica una estructura más compleja, con apoyos dentro de aduanas y cuerpos de seguridad fronteriza.
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La logística del delito, desde la renta de embarcaciones hasta el financiamiento de gasolineras, opera bajo total impunidad y sin fiscalización adecuada.
A pesar de que existen registros bancarios, permisos de importación y trazabilidad aduanera, las investigaciones brillan por su ausencia.
Expertos coinciden en que el fenómeno persiste gracias a la inacción institucional, la corrupción estructural y la falta de voluntad para desarticular la red.
Esta forma de huachicol representa un reto crítico para el Estado mexicano, pues daña la recaudación, fomenta el crimen organizado y erosiona el Estado de Derecho.
Por tanto, resulta urgente una estrategia integral que rompa la cadena de complicidades que permite la permanencia del huachicol fiscal en el país.
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