Leopoldo Maldonado alertó que la propuesta para regular contenidos de radio y televisión contiene términos ambiguos que podrían ampliar el control oficial sobre la información.
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Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y relator especial designado de la ONU, advirtió que los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias contienen disposiciones ambiguas que podrían permitir controles oficiales sobre noticias y opiniones en México.
La propuesta se encuentra en consulta pública ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y todavía no constituye una regulación definitiva. Sin embargo, Maldonado considera que algunas de sus reglas darían al organismo facultades para intervenir en decisiones editoriales de concesionarios de radio y televisión.
La principal controversia se concentra en el artículo 12, que establece que los contenidos informativos deben evitar información falsa o descontextualizada, así como la presentación de hechos pasados como si fueran actuales.
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El objetivo declarado es proteger a las audiencias. No obstante, Maldonado cuestionó quién determinará cuándo una noticia es falsa, carece de verificación o fue presentada sin el contexto suficiente. A su juicio, la falta de definiciones precisas podría dejar esas valoraciones sujetas al criterio de la autoridad.
Antecedentes que generan preocupación
El especialista comparó esos mecanismos con regulaciones aplicadas en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia. Según explicó, los gobiernos de esos países han invocado propósitos legítimos —como combatir la desinformación, proteger a menores o enfrentar amenazas— para establecer restricciones a la expresión.
La comparación forma parte de la valoración personal de Maldonado y no representa un diagnóstico institucional de la ONU sobre México. Su designación como relator especial fue aprobada el 8 de julio de 2026 por el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.
La disputa sobre quién define la verdad
Maldonado vinculó el anteproyecto con ejercicios promovidos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Quién es quién en las mentiras, y con espacios posteriores como Infodemia y Derecho de Réplica.
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En su opinión, esas iniciativas han colocado al gobierno en el papel de verificador de la información pública. Por ello, advirtió que la CRT podría convertirse en una especie de “tribunal de la verdad” si los lineamientos no incorporan criterios objetivos, controles independientes y garantías contra decisiones discrecionales.
Los derechos de las audiencias, sin embargo, tienen fundamento constitucional. Además, la legislación vigente faculta a la CRT para emitir lineamientos, supervisar su cumplimiento y aplicar sanciones cuando corresponda. La discusión no gira en torno a la existencia de esos derechos, sino a los límites de la intervención regulatoria frente a la libertad editorial.
Para el ciudadano, la diferencia es sustancial. Una regulación precisa puede favorecer contenidos de mayor calidad; una norma ambigua podría fomentar la autocensura, reducir el pluralismo y afectar la circulación de voces críticas. La consulta pública deberá aclarar esos límites antes de que el documento sea aprobado.
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