Morena y PAN chocaron por dos expedientes explosivos: la investigación contra Maru Campos por agentes extranjeros en Chihuahua y las acusaciones contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos.
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La pelea entre Morena y el PAN subió de tono. En un mismo día, ambos partidos cruzaron acusaciones de traición a la patria, presuntos vínculos con el narcotráfico y uso político de investigaciones federales.
El choque tiene dos nombres al centro: Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
Desde el PAN, el dirigente nacional Jorge Romero pidió detener y extraditar de inmediato a Rocha Moya a Estados Unidos. Según dijo, las investigaciones judicializadas en Nueva York justificarían activar el tratado bilateral de extradición.
Romero sostuvo que no hay mayor traición que jurar proteger a la ciudadanía y, al mismo tiempo, presuntamente pactar con el crimen organizado. Por eso, colocó el caso como una prueba directa para el gobierno federal.
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El mensaje panista fue claro: si la administración de Claudia Sheinbaum no actúa, el PAN acusará protección política.
Sin embargo, Morena respondió por el flanco de Chihuahua. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, acusó a Maru Campos de mentir sobre la investigación abierta por la presencia de agentes extranjeros en un operativo contra un narcolaboratorio.
Para Morena, el caso no gira alrededor del decomiso ni del combate al crimen. El punto, dijo Montiel, sería la presunta entrada de agentes extranjeros a territorio nacional sin autorización federal.
Esa diferencia no es menor. En el discurso de Morena, el tema se coloca como una violación a la soberanía nacional. En el PAN, en cambio, se presenta como una represalia contra una gobernadora que sí confrontó al crimen organizado.
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Campos defendió su postura tras encabezar la ceremonia por el aniversario de la Batalla de Puebla en Chihuahua. Ahí cuestionó que se ataque a quien, según dijo, desmantela laboratorios clandestinos, mientras se protege políticamente a Rocha Moya.
Mientras tanto, la FGR ya solicitó información a autoridades de Chihuahua y llamó a declarar a agentes estatales relacionados con el operativo en la Sierra Tarahumara.
El gobierno estatal respondió que atenderá los requerimientos por las vías legales.
El fondo del pleito va más allá del intercambio partidista. Está en juego la cooperación de seguridad con Estados Unidos, el manejo político de casos sensibles y la credibilidad de las instituciones.
Además, deja una duda incómoda para la ciudadanía: cuando las acusaciones alcanzan a gobernadores, ¿la ley avanza o se negocia?
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