Ricardo Salinas Pliego acusó al gobierno de intentar silenciar a sus críticos después de que el INE ordenó retirar nueve publicaciones del PRI contra Morena.
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Ricardo Salinas Pliego acusó al gobierno de la Cuarta Transformación de intentar silenciar a sus críticos, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar nueve publicaciones del PRI que relacionaban a Morena con el narcotráfico.
La decisión, adoptada como medida cautelar, abrió una nueva discusión sobre los límites de la crítica política y la facultad de las autoridades electorales para intervenir cuando las expresiones podrían constituir calumnia.
Salinas Pliego también cuestionó el silencio de los partidos opositores. Según el empresario, sus dirigentes temen que el poder investigue sus expedientes y, por esa razón, evitan movilizarse para defender la libertad de expresión.
“En México, la oposición no existe”, afirmó. En sus publicaciones del 31 de julio de 2026, sostuvo que algunos políticos prefieren conservar su dinero y sus privilegios antes que confrontar al gobierno.
El empresario consideró que la defensa de las libertades recaerá en los ciudadanos que no estén dispuestos a ceder frente a posibles abusos de autoridad. “Si permitimos que silencien una voz hoy, mañana buscarán silenciarnos a todos”, advirtió.
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PRI acusa al INE de censura
La controversia comenzó el 29 de julio, cuando la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aprobó medidas cautelares solicitadas por Morena contra Alejandro Moreno Cárdenas y el PRI.
La determinación alcanzó cinco publicaciones difundidas desde las cuentas del dirigente priista, así como cuatro mensajes o republicaciones realizadas por el partido. Los contenidos empleaban expresiones como “narcogobierno”, “narcopolíticos”, “cártel de Morena” y “narcopartido”.
De acuerdo con el INE, los mensajes podrían representar la imputación de hechos o delitos falsos, al asociar a Morena con actividades relacionadas con el narcotráfico sin presentar sustento fáctico.
La Comisión, sin embargo, rechazó la solicitud para impedir de manera anticipada que el PRI utilizara expresiones similares en el futuro. El organismo consideró que esa petición se apoyaba en hechos inciertos. La medida es cautelar y todavía no existe una resolución definitiva sobre el fondo de la denuncia.
Alejandro Moreno anunció que impugnará la decisión y llevará el caso ante organismos internacionales. A su juicio, el árbitro electoral excedió sus atribuciones al determinar qué expresiones puede utilizar un dirigente opositor para referirse al partido gobernante.
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¿Qué son los derechos de las audiencias?
De forma paralela, México discute nuevas reglas para proteger a televidentes y radioescuchas. Los derechos de las audiencias incluyen recibir contenidos plurales, distinguir entre publicidad, información y opinión, ejercer el derecho de réplica, presentar quejas y acceder a servicios inclusivos para personas con discapacidad.
La legislación obliga a los concesionarios de radio y televisión a contar con códigos de ética y defensorías de las audiencias. Al mismo tiempo, reconoce la libertad programática y editorial de los medios y prohíbe expresamente la censura previa.
Estos derechos se incorporaron a la legislación mexicana en 2014. Una reforma aprobada en 2017 modificó su alcance, pero la Suprema Corte la invalidó en 2022 debido a irregularidades en el proceso legislativo. La nueva ley de 2025 dejó su regulación en manos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
La CRT mantiene en consulta pública sus nuevos lineamientos del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. El proyecto busca definir mecanismos de queja, supervisión y defensa, aunque también ha provocado cuestionamientos sobre el alcance que podría tener la intervención gubernamental en los contenidos de radio y televisión.
La resolución del INE contra el PRI y la regulación de los derechos de las audiencias corresponden a procedimientos jurídicos distintos. Ambas discusiones, no obstante, colocan en el centro una pregunta relevante: hasta dónde puede intervenir la autoridad para proteger derechos sin inhibir la crítica política, la libertad editorial y la circulación de información.
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