Alex Tonatiuh Márquez, exdirector en ANAM, operó bajo denuncias ignoradas por el gobierno federal. Hoy enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero.
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Durante dos años, Alex Tonatiuh Márquez Hernández operó en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) bajo un manto de sospechas conocidas por el gobierno federal. A pesar de las denuncias, su permanencia fue respaldada institucionalmente, incluso con reconocimiento del Senado. Hoy, enfrenta una investigación formal por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Desde junio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador admitió tener conocimiento de las acusaciones contra Márquez Hernández. En conferencia de prensa matutina, un periodista cuestionó su nombramiento como director general de Investigación Aduanera, señalando además a Héctor Ruiz Ángel y Alejandro Arco Romero como figuras vinculadas al control del contrabando.
Aunque López Obrador aseguró que ya existían investigaciones internas, jamás se dieron a conocer avances ni sanciones. Afirmó que “se iba a actuar”, sin que existan registros públicos sobre la implementación de medidas concretas.
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La omisión del Ejecutivo cobra relevancia ahora que el nombre de Márquez Hernández vuelve al centro del escándalo. De acuerdo con una investigación revelada por El Universal, el funcionario es señalado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su posible participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En concreto, Márquez habría actuado como representante legal de Aledo, S.A. de C.V., empresa relacionada con ingresos irregulares por 257 millones de pesos. Además, entre 2019 y 2021, recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos que nunca declaró ante la autoridad fiscal.
La pesquisa revela que sus ingresos oficiales no justifican su nivel de vida. A esto se suma que Aledo comparte domicilio fiscal con Heluan, S.A. de C.V., empresa cuyo representante es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de la Dirección de Recaudación de la ANAM.
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Ambos funcionarios forman parte de un grupo de altos mandos aduanales que, según la investigación, acumularon depósitos por 5.5 millones de pesos, adquirieron vehículos de lujo valuados en 4 millones y realizaron operaciones inmobiliarias por al menos 18 millones, todo ello sin respaldo contable.
Las autoridades federales ahora indagan la red de vínculos y empresas relacionadas, así como los mecanismos usados para ocultar el origen de los recursos. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha sido separado oficialmente del cargo ni se ha informado sobre sanciones administrativas.
Este caso no solo evidencia fallas en los controles internos de la ANAM, sino también una preocupante tolerancia política. La permanencia de estos funcionarios a pesar de las advertencias abre interrogantes sobre la voluntad real del anterior gobierno para combatir la corrupción en las aduanas.
La investigación en curso podría derivar en sanciones penales si se comprueba el uso de empresas fachada y recursos ilícitos. Mientras tanto, la opinión pública exige explicaciones claras sobre las omisiones institucionales.
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