La reforma contra las “pensiones doradas” fijó dos límites incompatibles. La Consejería Jurídica aplicará el más favorable: hasta 134 mil 290 pesos mensuales.
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La reforma contra las llamadas “pensiones doradas” llegó con tijeras de austeridad, pero terminó cortando por dos lados distintos. El Gobierno federal reconoció que el nuevo texto constitucional contiene criterios incompatibles y decidió aplicar el más favorable para los jubilados: hasta 134 mil 290 pesos netos mensuales.
El enredo vive en el artículo 127 constitucional. Por una parte, establece que ninguna persona servidora pública en activo puede recibir más que la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otra, fija para determinadas jubilaciones un límite equivalente al 50 % de esa remuneración.
Traducido del dialecto legislativo al bolsillo: una regla colocaba el techo en aproximadamente 67 mil 145 pesos; la otra permite alcanzar los 134 mil 290 pesos. Dos límites para una misma reforma. La austeridad, al parecer, también admite interpretación.
En un oficio fechado el 9 de junio, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sostuvo que ambas disposiciones no pueden aplicarse simultáneamente. Su titular, Luisa María Alcalde, explicó que las pensiones se calculan ordinariamente a partir del salario recibido durante la vida laboral activa.
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Aplicar después una base reducida, argumentó, rompería la continuidad entre salario y jubilación. Ante la contradicción, la Consejería recurrió al principio pro persona y eligió el criterio que ofrece mayor protección al pensionado.
El resultado es peculiar: el límite del 50 % sigue escrito en la Constitución, muy solemne y republicano, pero queda neutralizado en la aplicación administrativa. Para jubilados actuales y futuros retiros comprendidos por la reforma, el parámetro será la remuneración presidencial completa.
Conviene precisar que la medida no cubre todas las pensiones del país. Su alcance se concentra en personal de confianza de determinadas entidades públicas. Aun así, el tropiezo importa porque puede reducir el ahorro esperado y abre una zona de incertidumbre para las instituciones encargadas de pagar.
La reforma fue propuesta por Sheinbaum el 3 de marzo y publicada el 10 de abril. En la Cámara de Diputados obtuvo 458 votos a favor y ninguno en contra. La mayoría legislativa defendió el tope como una medida proporcional, compatible con la austeridad y el derecho a la jubilación.
Nadie pareció advertir que las dos disposiciones podían chocar. O, si alguien lo hizo, su prudencia fue verdaderamente monumental.
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Cuando se presentó la iniciativa, la Consejería Jurídica estaba encabezada por Esthela Damián, quien posteriormente fue señalada como una de las aspirantes de Morena a la gubernatura de Guerrero. Alcalde la sustituyó el 30 de abril y semanas después le tocó explicar cómo aplicar una reforma que el Congreso aprobó intacta.
El oficio resuelve, por ahora, cuánto pueden pagar las dependencias; no corrige la contradicción constitucional. Tampoco se ha hecho público el impacto presupuestario ni cuántas pensiones entrarían en el rango situado entre 67 mil 145 y 134 mil 290 pesos.
Así quedó la reforma que pretendía cerrar la puerta a los privilegios: con dos cerraduras y una llave administrativa. Ahora corresponde al Congreso decidir si corrige el artículo 127 o conserva una norma cuyo límite más severo está vigente en el papel, pero no en la nómina.
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