Un cambio de mayoría en el Congreso estadounidense puede modificar los contrapesos, pero no borrará la presión sobre México por los cárteles, el fentanilo y la debilidad institucional.
Editorial | Geopolítica
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México cometería un error si apostara su relación con Estados Unidos al resultado de las elecciones legislativas de noviembre. Puede cambiar la mayoría en el Congreso, pero difícilmente desaparecerá la presión contra los cárteles, el tráfico de fentanilo y las redes políticas que eventualmente los protejan.
Carlos Loret de Mola sostiene que el gobierno busca ganar tiempo frente a Donald Trump mientras protege a presuntos “narcopolíticos de Morena”. Es una acusación grave que la columna no acompaña con expedientes concretos. Por tanto, debe entenderse como un señalamiento del autor, no como culpabilidad acreditada.
Sin embargo, la discusión de fondo sí resulta pertinente. Confiar en que una derrota republicana durante las elecciones del 3 de noviembre modificará automáticamente la relación bilateral supone confundir el equilibrio electoral estadounidense con la continuidad de sus intereses estratégicos. Las urnas pueden alterar las formas; no necesariamente las prioridades.
El Congreso estadounidense importa: aprueba presupuestos, fiscaliza agencias, impulsa leyes y puede acotar determinadas decisiones presidenciales. Aun así, buena parte de la política antidrogas, las sanciones, las designaciones y las operaciones de seguridad dependen del Ejecutivo y de instituciones que sobreviven a cada ciclo electoral.
Además, la administración Trump convirtió el combate contra los cárteles en una política explícita. Su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 plantea perseguir organizaciones criminales, cortar sus finanzas y aplicar instrumentos de seguridad nacional. Esa línea no depende únicamente de una mayoría legislativa.
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Eso tampoco significa que republicanos y demócratas piensen exactamente igual. Existen diferencias sobre migración, cooperación internacional, uso de fuerzas militares, control de armas y tratamiento de las adicciones. No obstante, ambos partidos enfrentan presiones internas para exigir a México resultados verificables contra el crimen organizado.
Por ello, el problema mexicano no se resolverá esperando un cambio de humor en Washington. La percepción externa se alimenta de hechos internos: regiones bajo violencia persistente, productores extorsionados, desapariciones, desplazamientos y autoridades investigadas. Negar esa realidad deteriora la credibilidad; exagerarla también conduce a diagnósticos interesados.
Loret utiliza dos reportajes estadounidenses sobre mujeres en Sinaloa y productores de aguacate en Michoacán para mostrar esa brecha. Su lectura puede discutirse, pero señala una contradicción real: las estadísticas nacionales favorables no cancelan la experiencia cotidiana de comunidades que continúan viviendo bajo amenazas criminales.
En su Segundo Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 36% en feminicidios. El dato merece examinarse con metodología, periodos comparables y registros estatales. También debe coexistir con testimonios y cifras locales, sin utilizar unos para borrar a los otros.
La referencia a 100 mil muertes anuales por fentanilo requiere igualmente precisión. Estados Unidos superó las 100 mil muertes totales por sobredosis entre 2021 y 2023, pero la tendencia descendió después. Los CDC registraron 79 mil 384 fallecimientos por sobredosis en 2024, de los cuales 47 mil 735 involucraron opioides sintéticos distintos de la metadona.
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Corregir esa cifra no minimiza la crisis. Al contrario, evita que México responda a Washington con discursos fáciles y permite discutir responsabilidades compartidas: producción y tráfico desde el sur, precursores internacionales, consumo estadounidense, lavado financiero y armas que cruzan hacia territorio mexicano.
La respuesta seria exige investigaciones patrimoniales, policías profesionales, fiscalías autónomas, cooperación con controles institucionales y resultados judiciales públicos. Si existen servidores vinculados con organizaciones criminales, deben investigarse sin importar partido o jerarquía. Si no existen pruebas, tampoco debe utilizarse la sospecha como sentencia política.
El señalamiento final de Loret contra el nuevo Poder Judicial presenta otro problema: afirmar que existe más corrupción y menos capacidad a partir de opiniones de abogados resulta insuficiente. La reforma merece una evaluación rigurosa, pero debe medirse con sentencias, tiempos procesales, independencia, rezago, perfiles y denuncias documentadas.
La soberanía no consiste en resistir hasta que cambie el ocupante de la Casa Blanca. Consiste en construir instituciones capaces de combatir al crimen bajo reglas mexicanas, proteger a la población y negociar con evidencia. Esperar a noviembre no es política exterior: es entregar el calendario a cambio de una tregua que quizá nunca llegue.
Crédito de fuente: Consuelo de tontos”, de Carlos Loret de Mola, publicada en Historias de Reportero, El Universal, el 8 de septiembre de 2026. Consultar columna original.
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