Expresidentes: El Exilio del Poder

19 de noviembre de 2026

Gobernaron México, dispusieron de su destino y, cuando terminaron, muchos prefirieron poner tierra de por medio.

#AsídeClaro | David Martínez Staines

Hay algo profundamente revelador, y hasta vergonzoso, en el destino de buena parte de quienes han ocupado la Presidencia de México: gobernar un país durante seis años, disponer de sus recursos, tomar decisiones que afectan a millones de personas y, una vez concluido el mandato, terminar buscando en el extranjero el lugar donde pasar el resto de sus vidas.

España parece haberse convertido en una especie de refugio político y residencial para algunos expresidentes mexicanos. Madrid ha sido destino de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque sus circunstancias y trayectorias son distintas. Ernesto Zedillo, por su parte, desarrolló su vida académica y profesional en Estados Unidos. Otros han optado por permanecer en México.

La pregunta es inevitable: ¿por qué tantos expresidentes mexicanos prefieren vivir lejos del país que gobernaron?

¿Es una decisión personal? ¿Una cuestión de seguridad? ¿Una oportunidad profesional? ¿O existe algo más profundo detrás de esa recurrente necesidad de poner distancia entre ellos y México?

La respuesta no puede ser idéntica para todos, pero hay un elemento que atraviesa buena parte de estas historias: la incapacidad de nuestra clase política para asumir plenamente las consecuencias de sus gobiernos.

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En México, llegar a la Presidencia ha significado históricamente adquirir un poder extraordinario, pero abandonarla no necesariamente ha significado aceptar las responsabilidades que ese poder implica.

Durante décadas, el sistema priista construyó una peculiar arquitectura de sucesión. El presidente saliente entregaba el poder, se retiraba de la escena pública y procuraba no interferir en las decisiones de su sucesor. El silencio era una forma de disciplina y, en ocasiones, una garantía de supervivencia política.

El presidencialismo mexicano no solamente concentraba el poder: también administraba el retiro de quienes lo habían ejercido. Había una especie de pacto no escrito: tú dejas la Presidencia y el siguiente procura no tocarte.

Pero ese mecanismo comenzó a resquebrajarse cuando las crisis políticas, económicas y sociales hicieron cada vez más difícil mantener intacta la imagen de los antiguos mandatarios.

Carlos Salinas de Gortari es quizá el ejemplo más emblemático de esa ruptura. Su salida de la presidencia coincidió con uno de los periodos más turbulentos de la historia contemporánea: el levantamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y el estallido de la crisis económica de 1994. La detención de su hermano Raúl en 1995 terminó de colocar al expresidente en el centro de una controversia política que nunca desapareció.

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Salinas se convirtió en una figura incómoda para el sistema que había encabezado. Su residencia fuera de México contribuyó a consolidar la imagen de un expresidente que prefirió observar a distancia las consecuencias de una etapa de gobierno que sigue dividiendo a los mexicanos.

Ernesto Zedillo representa un caso distinto. Su salida estuvo acompañada de una trayectoria académica internacional y de una carrera profesional en Estados Unidos. Su gobierno, sin embargo, tampoco está exento del juicio histórico: la crisis financiera de 1994-1995, el rescate bancario y sus costos para las finanzas públicas siguen siendo parte de la discusión sobre su administración. También debe reconocerse que durante su mandato se produjo la alternancia presidencial de 2000, un acontecimiento fundamental para la democracia mexicana.

Felipe Calderón abandonó México y estableció vínculos residenciales con España. Su gobierno quedó marcado por la estrategia de combate al narcotráfico, la militarización de la seguridad pública y una violencia que transformó profundamente la vida nacional. El juicio sobre aquella estrategia sigue abierto y sus consecuencias continúan siendo objeto de debate. La condena en Estados Unidos de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública, añadió una dimensión particularmente grave al escrutinio de aquel gobierno, aunque no constituye por sí misma una determinación judicial de responsabilidad penal contra el expresidente.

Enrique Peña Nieto también terminó estableciendo su residencia en España. Su administración quedó marcada por el escándalo de la Casa Blanca, las investigaciones sobre corrupción, el caso Odebrecht y la tragedia de Ayotzinapa. Su gobierno prometió una transformación institucional y reformas estructurales que terminaron ensombrecidas por una profunda crisis de credibilidad.

La pregunta es si todos estos hombres se marcharon simplemente porque encontraron mejores condiciones de vida en otros países o porque México se convirtió en un lugar demasiado incómodo para enfrentar el peso de sus decisiones.

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Sería injusto afirmar que todo expresidente que vive fuera del país está huyendo de la justicia. No existen elementos para atribuir una misma motivación a todos. Pero también sería ingenuo ignorar que la distancia geográfica puede convertirse en una forma de distancia política: permite reducir la exposición cotidiana al reclamo ciudadano, a la crítica y a las preguntas que siguen sin respuesta.

Y aquí aparece una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia: la rendición de cuentas de quienes han ejercido el máximo poder político.

En las democracias maduras, los expresidentes pueden retirarse, escribir sus memorias, impartir conferencias y participar en instituciones académicas. Pero también están sujetos a la crítica, a las investigaciones y, cuando existen elementos suficientes, a las consecuencias legales de sus actos. El cargo no los convierte en intocables, ni el retiro los absuelve de su responsabilidad.

En México, en cambio, hemos vivido durante décadas entre dos extremos igualmente perniciosos: la impunidad de los antiguos mandatarios y la tentación de convertir la justicia en instrumento de venganza política.

Andrés Manuel López Obrador llevó esa confrontación a una dimensión particular. Durante su gobierno convirtió a los expresidentes en una referencia permanente de su discurso político. Hizo del pasado un instrumento de legitimación de su propio proyecto y promovió la consulta popular de 2021 sobre el posible esclarecimiento de decisiones políticas de antiguos gobernantes. Sin embargo, aquella consulta no se tradujo en un mecanismo automático de responsabilidad penal.

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Y hay aquí otra paradoja. López Obrador, que convirtió la crítica a los expresidentes en una de las banderas de su movimiento, decidió retirarse a su finca en Palenque, lejos de la Ciudad de México y de la actividad cotidiana del poder, aunque permaneciendo en territorio mexicano.

Pero la crítica al pasado no puede convertirse en una coartada para el presente. Quien llega a la Presidencia no recibe un certificado de superioridad moral ni una licencia para repetir los vicios que antes denunciaba.

La historia mexicana está llena de políticos que prometieron combatir la corrupción y terminaron envueltos en controversias; de presidentes que ofrecieron justicia y dejaron agravios sin resolver; de mandatarios que hablaron en nombre del pueblo mientras se resistían a someter sus propias decisiones al escrutinio público.

El problema no es que un expresidente decida vivir en Madrid, Nueva York o cualquier otra ciudad del mundo. Tiene todo el derecho de hacerlo. El problema es que la Presidencia mexicana se haya convertido en una posición desde la cual se puede ejercer un poder inmenso sin que exista, al terminar el mandato, una cultura sólida de responsabilidad política y rendición de cuentas.

Porque gobernar no es solamente inaugurar obras, firmar decretos, pronunciar discursos o aparecer en los libros de historia. Gobernar también significa responder por las consecuencias de las decisiones tomadas, por los errores cometidos, por las omisiones y por las instituciones que se dejaron debilitadas.

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Un expresidente puede abandonar Palacio Nacional, pero no puede abandonar su historia. Tampoco puede pretender que seis años de poder se conviertan en una especie de amnesia nacional.

Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos solamente por qué nuestros expresidentes se van al extranjero y comenzar a preguntarnos por qué tantos parecen tener tan pocas razones para regresar a vivir en el país que gobernaron.

La respuesta quizá sea incómoda: porque México sigue sin construir un sistema en el que el poder tenga consecuencias, la justicia sea independiente y la impunidad deje de ser una de las ventajas del cargo.

Los expresidentes se van. Algunos por decisión personal, otros por razones profesionales o de seguridad y otros quizá porque encuentran más conveniente la distancia. Pero México se queda con sus decisiones, sus errores, sus promesas incumplidas y las consecuencias de sus gobiernos.

Y esa es la verdadera tragedia: ellos pueden cambiar de residencia; el país no puede cambiar de pasado.