El Gobierno federal confirmó que los dos ciudadanos estadounidenses fallecidos en Chihuahua no tenían autorización para realizar actividades operativas en México, mientras crece la tensión con el gobierno de Maru Campos.
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El Gobierno federal confirmó que los dos ciudadanos estadounidenses que murieron en el accidente del 19 de abril en Chihuahua no tenían autorización para participar en tareas operativas dentro de México. El dato fue difundido por el Gabinete de Seguridad, que también precisó que en el hecho fallecieron cuatro personas: dos elementos estatales y dos extranjeros.
De acuerdo con la tarjeta informativa, uno de los estadounidenses entró al país como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas. El otro lo hizo con pasaporte diplomático. Sin embargo, la conclusión oficial fue la misma para ambos casos: ninguno contaba con una acreditación formal para intervenir en acciones de seguridad en territorio mexicano.
El punto es delicado porque el Gobierno federal sostuvo que no tenía conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran participando físicamente en operativos en Chihuahua. Además, recordó que la ley mexicana no permite la actuación directa de personal extranjero en operaciones dentro del país, aun cuando exista cooperación bilateral con Estados Unidos.
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La versión federal llega en medio de una tensión creciente con el gobierno de Maru Campos. Autoridades estatales reconocieron que hubo colaboración con agencias estadounidenses en acciones contra laboratorios clandestinos, pero esa participación no habría sido informada previamente a la Federación.
Por eso, el caso dejó de ser solo un accidente. Ahora también es un conflicto político, legal y diplomático. En el centro está una pregunta incómoda: quién autorizó la presencia de esos agentes y bajo qué reglas participaron en acciones de seguridad dentro de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia con la gobernadora de Chihuahua. Ayer descartó hablar directamente con Campos y afirmó que la comunicación se mantendrá por medio del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Incluso reveló que no tomó una llamada de la mandataria estatal, pese a que esta había solicitado una audiencia.
En la mañanera, Sheinbaum dijo que, durante el encuentro entre Campos y Harfuch, el Gobierno federal pidió información sobre la presencia de agentes estadounidenses y las condiciones en las que participaron. También señaló que se le recordaron a la gobernadora los principios y procedimientos legales que deben seguirse para colaborar con otro país.
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El impacto para el ciudadano común está en la falta de claridad. Si una autoridad local puede coordinar acciones con agencias extranjeras sin informar a la Federación, se abre una zona gris en materia de seguridad pública, soberanía y responsabilidad institucional.
Además, el caso exhibe una falla grave de coordinación entre gobiernos. Mientras la violencia y el crimen organizado presionan a estados como Chihuahua, cualquier operación de seguridad sin reglas claras puede terminar en crisis política y en dudas sobre quién responde cuando algo sale mal.
El Gobierno federal informó que ya realiza revisiones junto con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México. Al mismo tiempo, insistió en que la cooperación bilateral continuará, pero bajo intercambio de información, coordinación institucional y respeto a la soberanía nacional.
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