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El huachicol fiscal en Tamaulipas vive un capítulo clave. Una carta de Francisco García Cabeza de Vaca habría alertado a AMLO sobre una red criminal.
Según Aristegui Noticias, el oficio O.E./040/2020 se fechó el 8 de julio de 2020. Fue entregado a Segob, a Olga Sánchez Cordero y al presidente.
Además, la misiva describió vínculos de miembros del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste con el huachicol fiscal, rutas, empresas fachada y responsables identificados.
Sin embargo, el exgobernador afirma que capturas coordinadas terminaron en liberaciones inexplicables. Por ello, pidió respaldo federal para ejecutar órdenes de aprehensión pendientes sin demoras.
Asimismo, solicitó “instrucciones” para que dependencias federales concurrieran al esfuerzo estatal, conforme a la colaboración y concurrencia previstas en seguridad integral y procuración de justicia.
Ahora bien, el expediente sugiere conocimiento temprano en el gobierno federal sobre el entramado. No obstante, persisten dudas sobre oportunidad y contundencia de la respuesta.
En paralelo, Cabeza de Vaca se asumió “perseguido político” y responsabilizó a López Obrador de fabricarle delitos, mientras defendía su gestión y decisiones en Tamaulipas.
Con todo, la trama del huachicol fiscal trasciende coyunturas locales. También implica pérdidas fiscales millonarias e infiltración en aduanas, puertos y cadenas logísticas del combustible.
Por su parte, analistas recomiendan trazabilidad digital del combustible, auditorías de IEPS e IVA, y coordinación estricta entre Marina, SAT, FGR y gobiernos estatales locales.
Además, la discusión ya no se limita a responsabilidades penales. En cambio, abarca controles internos, gobernanza de aduanas y blindaje de campañas contra financiamiento ilícito.
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Asimismo, el gobierno actual presume avances y detenciones recientes en la red. Así, falta precisar quién sabía, cuándo, y qué acciones específicas se desplegaron oportunamente.
En síntesis, la carta coloca a AMLO en el centro del debate. Mientras tanto, obliga a reconstruir cronologías y evaluar omisiones, decisiones y resultados verificables.
Finalmente, la ruta crítica es clara: transparencia documental, cooperación intergubernamental y sanciones efectivas. Solo así el huachicol fiscal dejará de operar con impunidad y opacidad.
Y, sobre todo, se requiere vigilancia ciudadana técnica, auditorías abiertas y métricas públicas. Porque sin control social, cualquier reforma termina capturada por intereses y redes.
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