El operativo contra narcolaboratorios en Chihuahua ya no solo abrió preguntas sobre seguridad. También exhibió un problema más delicado: la falta de coordinación entre autoridades estatales, fuerzas federales y presuntos agentes de Estados Unidos en territorio mexicano.
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Todo escaló tras el accidente en la Sierra Tarahumara, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos, luego de participar en acciones contra campamentos y laboratorios clandestinos. A partir de ese hecho, salió a flote una versión incómoda para el Gobierno federal: la presencia de personal extranjero en el operativo no habría sido informada al Gabinete de Seguridad.
Ese vacío encendió la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien volvió a cuestionar la intervención de agentes de Estados Unidos y pidió explicaciones a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La molestia no es menor. En temas de seguridad y soberanía, una omisión así golpea directamente al control político de la Federación.
Del lado estatal, la Fiscalía de Chihuahua defendió el operativo. Su versión es que el trabajo para ubicar los campamentos ilegales tomó cerca de tres meses y se realizó junto con la Agencia Estatal de Investigación y mandos de la Defensa Nacional. El fiscal César Jáuregui Moreno incluso aseguró que participaron cerca de 80 agentes estatales y alrededor de 40 elementos de la Defensa.
Pero ahí empezó el enredo.
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Fuentes militares señalaron otra cosa: dijeron que fueron 73 soldados y 57 agentes estatales, y que la función del Ejército se limitó a dar seguridad periférica. Es decir, proteger el perímetro, no conducir la operación ni revisar a detalle quiénes estaban dentro del despliegue.
La contradicción es de fondo. Por un lado, la Sedena reconoce que apoyó. Por el otro, sostiene que no sabía que entre los participantes había agentes estadounidenses. Esa explicación, lejos de cerrar el caso, abre otro frente: si el Ejército estuvo ahí, pero no sabía con quién estaba operando, entonces la cadena de mando quedó rota en un asunto extremadamente sensible.
Era la tercera participación de la CIA
El episodio creció todavía más después de que surgiera una nueva versión desde Estados Unidos. De acuerdo con un reporte del Los Angeles Times, funcionarios de la CIA habrían participado no en uno, sino en al menos tres operativos contra el narcotráfico en Chihuahua durante este año.
El reporte añade un dato todavía más delicado: en el operativo del fin de semana no habrían participado dos, sino cuatro agentes de la CIA. Además, según esas fuentes, algunos habrían usado uniformes de la AEI para mezclarse con funcionarios mexicanos.
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Si esa información se confirma, el problema deja de ser solo un accidente en la sierra. Lo que aparecería sería algo mucho más serio: una cooperación opaca, mal reportada y políticamente explosiva entre autoridades locales mexicanas y una agencia de inteligencia extranjera.
Por eso el asunto ya pasó del plano operativo al terreno diplomático. La Secretaría de Relaciones Exteriores entregó un extrañamiento al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para exigir claridad sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo que, hasta ahora, no tendría autorización federal reconocida.
En paralelo, el Senado aprobó un dictamen para invitar a Maru Campos y al fiscal César Jáuregui a una reunión de trabajo. Lo respaldaron Morena y el PAN, en un movimiento que refleja el tamaño político del escándalo.
Para el ciudadano, el caso deja varias señales preocupantes. La primera es que, incluso en operativos de alto riesgo, las instituciones pueden actuar sin una coordinación clara. La segunda es que la discusión sobre la soberanía ya dejó de ser retórica. Y la tercera quizá sea la más inquietante: si nadie tiene completamente claro quién entró, quién autorizó y quién mandó, entonces tampoco está claro quién va a responder.
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