La FGR va por 14 presuntos integrantes de una red acusada de meter combustible ilegal a México mediante 31 buques que habrían ingresado hidrocarburos por Tamaulipas.
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La FGR va por 14 presuntos integrantes de una red acusada de meter combustible ilegal a México mediante 31 buques que habrían ingresado hidrocarburos por Tamaulipas. No se trata de un caso menor: el expediente perfila una de las investigaciones más grandes sobre huachicol fiscal llevadas a tribunales federales.
La Fiscalía busca órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando. En la trama aparecen empresarios, transportistas, agentes aduanales, representantes legales, operadores de compañías de logística y hasta un exjuez federal. La acusación apunta a una red que no solo movía combustible: también habría tejido protección, permisos, rutas y contactos.
Entre los principales objetivos están José Isabel Murguía Santiago, “El Choko”; Roberto Blanco Cantú, señalado como “El Señor de los Buques”; y Osvel Tudón Rojas, identificado como presunto intermediario para entregar sobornos en las aduanas de Altamira y Tampico.
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Las indagatorias también mencionan a empresas como Intanza, Mefra Fletes, Enerpol Transportes y Autolíneas Roca. Según la línea de investigación, esas compañías habrían servido para introducir y mover combustible de contrabando dentro del país.
El primer intento judicial no prosperó. La jueza federal Mariana Vieyra Valdez devolvió el 29 de marzo la solicitud de captura por fallas técnicas. Ahora, autoridades federales aseguran que corrigieron esas deficiencias y volverán a pedir las órdenes.
En la mira
La lista de investigados incluye a Ramiro Rocha Alvarado, Ricardo Ayón Rodríguez, Eduardo de los Ángeles Rosales, Anuar González Hemadi, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Héctor Manuel Portales Ávila, Benito Abad Pérez Escalante y Nazario Rodríguez López.
El expediente sube de tono por otro dato: la presunta participación del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y de su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna. Ambos habrían operado con protección derivada de su parentesco con Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina.
La duda sobre Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Ojeda no está bajo investigación porque él habría denunciado el caso. La versión, sin embargo, abrió una grieta.
Un funcionario de la FGR afirmó que el exsecretario sí tuvo contacto con Alejandro Gertz Manero, pero no presentó una denuncia formal. Tampoco ha sido citado ni existe una investigación abierta en su contra.
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La diferencia pesa. Una denuncia formal colocaría a Ojeda como punto de arranque institucional. Un simple contacto, en cambio, deja preguntas incómodas sobre cuánto sabía la autoridad y por qué una red de ese tamaño habría operado en zonas estratégicas.
Para el ciudadano, el caso va más allá de los buques. El huachicol fiscal pega en la recaudación, alimenta redes criminales, distorsiona el mercado energético y exhibe fallas profundas en puertos, aduanas y vigilancia federal.
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