Harfuch negó que el Gabinete de Seguridad tuviera sospechas contra Rocha, mientras la acusación de Estados Unidos sacude la política en Sinaloa.
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El caso Rubén Rocha Moya volvió a colocar a Sinaloa en el centro de la presión política y de seguridad. Desde Culiacán, Omar García Harfuch aseguró que el Gabinete de Seguridad no tenía indicios ni sospechas contra el gobernador con licencia, señalado en Estados Unidos por presunta protección a “Los Chapitos”.
La postura fue fijada durante una conferencia en la Novena Zona Militar, donde el secretario de Seguridad defendió la operación federal en el estado. Según dijo, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum no hubo obstrucción de funcionarios estatales a las acciones del Ejército, la Marina o las fuerzas federales.
El mensaje buscó contener el golpe político. Sin embargo, también abrió una pregunta inevitable: si no había señales internas, ¿cómo llegó el caso hasta una acusación formal en Estados Unidos?
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La semana pasada, autoridades estadounidenses solicitaron la detención provisional con fines de extradición contra Rocha y otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses. La acusación los vincula con una presunta alianza con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, bajo un esquema de protección política a cambio de apoyo electoral en 2021.
En México, la respuesta oficial ha sido más cautelosa. El Gobierno federal ha insistido en que cualquier solicitud de detención debe estar acompañada de pruebas suficientes, especialmente si se pide actuar con urgencia. Por ahora, el expediente avanza entre la presión diplomática, el costo político y la necesidad de cuidar el debido proceso.
Harfuch también explicó por qué Rocha mantiene escolta pese a haber pedido licencia. Afirmó que no fue una petición del exmandatario, sino una recomendación del Gabinete de Seguridad ante la violencia registrada en Sinaloa. Aclaró, además, que se trata de un grupo reducido.
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El funcionario negó que existan datos sobre una amenaza directa o riesgo de atentado contra Rocha. Aun así, la decisión de mantenerle seguridad refuerza la lectura de un escenario delicado.
En la conferencia participaron los titulares de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales, además de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla. Los mandos federales confirmaron que el despliegue militar continuará en Sinaloa y podría crecer si la violencia escala.
Para la ciudadanía, el fondo del asunto no está en los discursos, sino en la confianza. El gobierno dice que no había indicios. Estados Unidos sostiene otra versión. Y Sinaloa, mientras tanto, sigue bajo vigilancia reforzada.
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