Maru Campos no acudió al Senado para explicar el caso de presuntos agentes estadounidenses en Chihuahua. La gobernadora alegó reserva por diligencias en curso.
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, decidió no acudir al Senado de la República para hablar sobre la presunta presencia de agentes estadounidenses en operativos de seguridad dentro del estado. La cita estaba prevista para este martes, a las 11:00 horas, ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública.
La ausencia fue comunicada por oficio. En el documento, el gobierno estatal argumentó que la asistencia de Campos podía poner en riesgo información reservada relacionada con diligencias todavía abiertas. La frase clave fue clara: evitar “comprometer información de carácter confidencial o clasificada”.
Con esa respuesta, la mandataria panista buscó mover el tema del terreno político al institucional. Además, informó que la Unidad Especializada creada para revisar los hechos en la sierra de Chihuahua ya entregó información a la Fiscalía General de la República.
El Senado se queda esperando
La decisión no cayó bien en la Cámara Alta. El senador morenista Óscar Cantón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, confirmó que Campos notificó formalmente su inasistencia.
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También reaccionó la senadora Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, quien lamentó que la gobernadora rechazara la invitación. Desde Morena, el mensaje fue simple: el Senado quería escuchar una explicación directa.
Sin embargo, la jornada llegó envuelta en confusión. Durante varias horas circularon versiones contradictorias. Unos legisladores insistían en que la reunión seguía vigente. Otros reportes adelantaban que Campos no viajaría a la Ciudad de México.
Al final, la duda terminó donde empezó: con un oficio y una silla vacía.
Una polémica que ya rebasó a Chihuahua
El fondo del asunto es mucho más delicado que una comparecencia fallida. La controversia nació tras la muerte de presuntos agentes estadounidenses en la sierra de Chihuahua, vinculados extraoficialmente con tareas alrededor de un narcolaboratorio.
El caso abrió una pregunta incómoda: ¿Operaron agentes extranjeros en territorio mexicano sin autorización formal?
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Esa duda pegó directo en el debate sobre soberanía nacional, seguridad fronteriza y cooperación con Estados Unidos. Además, el Gobierno federal negó haber tenido conocimiento de esos operativos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar.
La presión también alcanzó a la Fiscalía estatal. La renuncia de César Jáuregui como fiscal general de Chihuahua añadió otra capa de tensión y alimentó las dudas sobre la cadena de mando.
Por ahora, Omar García Harfuch parece buscar una salida menos ruidosa al conflicto. No obstante, en el Senado hay sectores que quieren mantener el caso abierto.
Para la ciudadanía, el punto no es menor. Si hubo cooperación irregular, alguien debe explicar quién autorizó, quién sabía y hasta dónde llegó la operación.
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