La alerta para que gobernadores y legisladores de Morena eviten Estados Unidos no confirma una persecución general, pero sí revela la creciente desconfianza entre ambos gobiernos.
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Cuando desde el partido gobernante se recomienda discretamente a gobernadores y legisladores que eviten viajar a Estados Unidos, el asunto rebasa cualquier itinerario de verano. La alerta no está en los aeropuertos, sino en la incertidumbre que domina la relación entre dos gobiernos obligados a entenderse.
De acuerdo con una columna de Claudio Ochoa Huerta, la advertencia no respondería a una orden directa de la administración de Donald Trump ni estaría dirigida contra todos los políticos de Morena. Se trataría de una medida preventiva promovida desde el entorno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La diferencia es fundamental. Hasta ahora no existe información pública que confirme una persecución general contra gobernadores o legisladores oficialistas. Sin embargo, que la Presidencia considere necesario pedir cautela muestra el grado de desconfianza que rodea la relación bilateral.
El contexto alimenta esa inquietud. Según informó La Jornada, Estados Unidos presentó solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia; el senador Enrique Inzunza y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que los expedientes están bajo revisión.
Una solicitud de extradición, conviene subrayarlo, no equivale a una condena ni cancela el debido proceso. De acuerdo con EL PAÍS, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también aclaró que no existe una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya.
Por tanto, un análisis responsable debe evitar dos extremos: la exoneración política anticipada y la fabricación de culpables. Las acusaciones deben probarse ante las autoridades competentes, no en filtraciones, declaraciones partidistas o juicios mediáticos.
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La preocupación de fondo es otra: que las instituciones mexicanas parezcan reaccionar únicamente cuando Washington aumenta la presión. Si existen elementos contra servidores públicos, corresponde a la Fiscalía General de la República investigarlos con independencia. Si no los hay, el Gobierno debe responder con documentos y argumentos, no con discursos nacionalistas.
A esa vulnerabilidad se suma la opacidad alrededor del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense. Las versiones contradictorias y la ausencia de explicaciones concluyentes han deteriorado la interlocución entre ambos países. Cuando la información oficial llega tarde o incompleta, las especulaciones ocupan su lugar.
Frente a este escenario, Sheinbaum ha optado por el pragmatismo. Su encuentro con Trump durante la final del Mundial buscó mantener abierta una línea directa con la Casa Blanca. La decisión puede incomodar a los sectores más radicales de Morena, pero gobernar exige dialogar incluso con interlocutores difíciles e impredecibles.
México tampoco puede convertir cada diferencia con Estados Unidos en una batalla ideológica. En 2025, las exportaciones mexicanas a ese país alcanzaron 534 mil 874 millones de dólares, mientras el comercio bilateral sumó 872 mil 834 millones, según datos publicados por EL PAÍS.
Además, alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas conservaría el trato libre de arancel por cumplir con las reglas del T-MEC, de acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, citado por Reuters. Ese acceso no puede darse por garantizado mientras Trump utiliza el comercio como instrumento de presión política.
La moderación presidencial, por ello, no implica necesariamente sometimiento. Puede representar una estrategia para evitar que las diferencias judiciales, migratorias y de seguridad terminen golpeando al peso, la inversión, las cadenas productivas y los empleos.
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Pero la prudencia diplomática también requiere firmeza institucional. México no puede guardar silencio frente a los abusos contra sus migrantes, aunque tampoco debería convertir los consulados en estructuras de movilización partidista. La defensa de los mexicanos exige asistencia jurídica, presión diplomática y resultados verificables, no consignas.
Dentro de Morena, mientras tanto, crece una disputa conocida. Los sectores radicales interpretan cualquier negociación como una claudicación; los moderados advierten que una ruptura con Washington tendría consecuencias económicas inmediatas. Sheinbaum intenta contener ambos extremos, aunque no siempre logra disciplinar a su partido.
El ciudadano común pagaría el costo de cualquier error. Una confrontación mal administrada podría traducirse en menos inversión, empleos perdidos, presión cambiaria y menores ingresos públicos. Un debilitamiento económico también comprometería los recursos destinados a los programas sociales, uno de los principales soportes electorales del oficialismo.
La respuesta no puede limitarse a recomendar que determinados políticos eviten Estados Unidos. El Gobierno debe esclarecer quién enfrenta señalamientos, qué autoridades conocen los expedientes y cómo responderán las instituciones mexicanas. La incertidumbre no se combate escondiendo pasaportes, sino ofreciendo información.
Porque si algunos integrantes del partido gobernante temen cruzar la frontera, México debe preocuparse menos por quién podría detenerlos afuera y mucho más por aquello que sus instituciones no se atreven a investigar dentro.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Claudio Ochoa Huerta, publicada en su espacio “Miocardio” en El Universal.
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