Morena someterá a sus aspirantes de 2027 a una doble revisión institucional, mientras una versión no confirmada atribuye a Omar García Harfuch una supuesta lista de perfiles bajo escrutinio.
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Morena revisará hasta en dos ocasiones a quienes aspiren a una candidatura en 2027, mediante consultas al Gabinete de Seguridad y otras instituciones federales. Una versión periodística vincula el procedimiento con un supuesto “filtro Harfuch”, cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente.
La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, explicó que el objetivo es impedir la postulación de personas con posibles nexos criminales o antecedentes que representen un riesgo para el movimiento.
Para realizar las evaluaciones, Morena solicitará información a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Gobernación y el propio Gabinete de Seguridad.
Montiel sostuvo que estas instituciones deberán aportar datos que permitan detectar “malos antecedentes de toda índole” y evitar candidaturas inconvenientes. Según la dirigente, el propósito es cumplir el compromiso de presentar “los mejores candidatos” ante la ciudadanía.
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El anuncio busca fortalecer el proceso de selección interna. Sin embargo, todavía no se conocen públicamente los criterios, las pruebas, los plazos ni las garantías que se aplicarán para aceptar o descartar aspirantes.
En ese contexto, La Política Online publicó que fuentes anónimas cercanas a la dirigencia describen el mecanismo como una “lista negra” asociada políticamente con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
El medio no presentó documentos partidistas ni resoluciones oficiales que acrediten la existencia de esa lista. Tampoco hay confirmación de que Harfuch participe directamente en la selección de candidaturas o decida quién puede competir.
Según la publicación, Sandra Cuevas estaría entre los perfiles bajo mayor escrutinio mientras busca una diputación federal, posiblemente con el Partido Verde. El reporte también le atribuye investigaciones federales por presuntas operaciones con recursos ilícitos y delincuencia organizada.
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No obstante, el material difundido no señala que Cuevas haya sido vinculada a proceso. La eventual existencia de una investigación no equivale a una acusación judicial ni permite atribuirle responsabilidad penal.
La versión también menciona a Cuauhtémoc Blanco ante una posible reelección como diputado federal. El exgobernador de Morelos enfrentó una solicitud de desafuero relacionada con una denuncia por tentativa de violación. La Cámara de Diputados desechó el procedimiento en 2025 y Blanco rechazó la acusación.
Además, el reporte incluye a los gobernadores Alfonso Durazo, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila entre los políticos que podrían resultar afectados. Hasta ahora, no existen resoluciones partidistas ni documentos oficiales que confirmen su inclusión.
Lo comprobable es que Morena recurrirá a información de instituciones federales para evaluar aspirantes. En cambio, el llamado “filtro Harfuch”, sus alcances y la relación de políticos presuntamente vetados permanecen como una versión periodística basada en fuentes anónimas.
La credibilidad del mecanismo dependerá de su transparencia. Sin reglas públicas, criterios verificables y vías de defensa, el filtro podría alimentar dudas sobre decisiones discrecionales, disputas internas o exclusiones negociadas desde el poder.
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