Los gobiernos de Morena en Michoacán y Sinaloa acumulan evaluaciones negativas, pero el partido conserva una amplia ventaja rumbo a 2027. El descontento existe; lo que todavía no aparece es una oposición capaz de capitalizarlo.
Editorial | Elecciones 2027
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Las encuestas rumbo a 2027 revelan una paradoja incómoda para la oposición: los gobiernos de Morena pueden acumular malas evaluaciones sin que el partido pierda, al menos por ahora, su ventaja electoral.
Los resultados de Michoacán y Sinaloa muestran que el descontento ciudadano existe, pero todavía no se traduce en respaldo para quienes aspiran a desplazar al oficialismo.
En Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla registra una desaprobación de un 60 %. Su administración también obtiene resultados negativos en seguridad, corrupción y combate al crimen organizado.
Pese a ese desgaste, Morena alcanza un 36 % de intención de voto, más del doble del PAN, su competidor más cercano. La distancia resulta significativa, sobre todo porque la evaluación del gobierno estatal difícilmente podría considerarse favorable.
El escenario sinaloense presenta una dinámica similar. La gobernadora interina Yeraldine Bonilla acumula más opiniones negativas que positivas, mientras la gestión estatal es reprobada en áreas sensibles como corrupción y seguridad pública.
Sin embargo, Morena conserva un 38 % de las preferencias. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, sumados, alcanzan apenas un 23 %.
No se trata necesariamente de una contradicción. Un ciudadano puede reprobar a su gobernador y, al mismo tiempo, mantener su respaldo al partido que lo llevó al poder. Para una parte del electorado, la gestión local y el proyecto político nacional no representan exactamente lo mismo.
Morena ha construido una relación directa con amplios sectores sociales mediante programas públicos, aumentos salariales y un discurso que coloca en el centro a quienes durante años se sintieron ignorados por los gobiernos anteriores.
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Los apoyos sociales son ingresos concretos, periódicos y fácilmente identificables dentro de la economía familiar. A ello se suma el incremento del salario mínimo, que pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026.
Nada de esto borra los problemas de violencia, corrupción o ineficacia administrativa. Tampoco significa que cualquier política social justifique un mal gobierno. Pero ayuda a entender por qué muchos votantes utilizan criterios distintos para evaluar a un funcionario y para decidir su voto partidista.
La oposición parece confiar en que el deterioro de los gobiernos morenistas producirá, por sí solo, una alternancia. Ese cálculo confunde el descontento con el cambio de preferencia electoral.
El enojo no siempre se convierte en voto opositor. Para que eso ocurra debe existir una alternativa creíble, una candidatura competitiva y una propuesta que no sea percibida como el simple regreso de quienes ya gobernaron.
PRI y PAN han concentrado buena parte de su narrativa en denunciar la presunta penetración del crimen organizado dentro de Morena. Se trata de un asunto grave que exige investigaciones serias y resultados verificables.
El problema aparece cuando esa denuncia se convierte prácticamente en la única oferta política. Su impacto también disminuye cuando proviene de partidos que arrastran sus propios antecedentes de corrupción, impunidad y vínculos cuestionables durante administraciones pasadas.
La crítica pierde capacidad de persuasión cuando no está acompañada de una propuesta concreta. ¿Qué plantea la oposición para elevar los ingresos, mejorar los servicios públicos, proteger a las familias o conservar los apoyos sociales?
Hasta ahora, sus dirigentes han explicado con mayor claridad por qué Morena representa un riesgo que el país que pretenden construir en caso de volver al poder.
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Eso no significa que el oficialismo tenga aseguradas las gubernaturas en disputa. En Michoacán, la ventaja de la marca se reduce cuando aparecen candidatos específicos. Un careo coloca al morenista Raúl Morón con un 26 %, frente a 20 % de la independiente Grecia Quiroz.
Los nombres, por tanto, sí pueden modificar la contienda. También será decisivo el elevado número de personas que todavía no define su voto: 29 % en Michoacán y un 36 % en Sinaloa.
Ambas encuestas fueron realizadas entre 500 personas y tienen un margen de error de ±4.4 puntos. Son mediciones útiles para observar tendencias, pero no anticipan de manera definitiva el resultado de 2027.
Aun con esas reservas, los datos exhiben un problema que la oposición no puede seguir ignorando. Morena mantiene su fortaleza no solo por sus aciertos, sino porque sus adversarios todavía no consiguen representar una opción más atractiva.
El oficialismo combina identidad política, beneficios tangibles y una narrativa reconocible. Enfrente, prevalecen la fragmentación, la denuncia y la expectativa de que los errores del gobierno harán todo el trabajo.
El desafío opositor no consiste en demostrar que existen gobiernos morenistas deficientes. Muchos ciudadanos ya lo saben y los evalúan con severidad. La tarea es convencerlos de que la alternancia no implicará perder apoyos, derechos o avances económicos.
Mientras esa propuesta no aparezca, el desgaste de Morena seguirá siendo insuficiente. En política, el fracaso de un gobierno no garantiza la derrota de su partido: para ganar, alguien debe transformar el hartazgo en una alternativa confiable.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Salvador Camarena, publicada en su espacio “La Feria” en El Financiero.
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