Una presunta red de empresas factureras movió casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años, según una investigación federal ya judicializada.
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Una presunta red de empresas factureras movió casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años, según una investigación de la Secretaría de Hacienda y la FGR que ya llegó ante un juez federal.
El expediente apunta a Optimización Dalga, Lovies y OHAT, firmas señaladas por operaciones bancarias masivas y por su presunto vínculo con esquemas de lavado de dinero. Algunas fueron declaradas de forma definitiva por el SAT como empresas factureras.
La cifra sacude por su tamaño: 9 mil 631.8 millones de pesos en depósitos y 9 mil 629.4 millones en retiros. Para dimensionarlo, el monto se acerca al presupuesto anual de dependencias como Relaciones Exteriores o Gobernación.
La FEMDO documentó 17 mil 566 depósitos entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019. En esos mismos periodos, las empresas realizaron 55 mil 644 retiros.
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El patrón encendió las alertas. El dinero entraba y salía casi en la misma proporción, con movimientos hacia cientos de personas físicas y morales. Varias de ellas también aparecen relacionadas con listas del SAT sobre operaciones simuladas.
La CNBV revisó si las empresas tenían permiso para operar como centros cambiarios, transmisoras de dinero o entidades financieras. La respuesta fue negativa: no encontró autorización ni antecedentes bajo esas denominaciones.
Ese dato pesa. Una compañía sin registro financiero no debería mover recursos con ese volumen y frecuencia sin levantar sospechas. Por eso, la investigación federal plantea que el esquema pudo servir para dispersar dinero, simular servicios y justificar operaciones inexistentes.
Las empresas fueron creadas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México. En las tres aparece Vicente Estrada Viveros, ya sea como accionista o apoderado legal.
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También figuran Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila. La FGR busca imputarlos por lavado de dinero.
El caso todavía debe probarse en tribunales. Sin embargo, por el monto investigado, ya se coloca entre los expedientes más grandes de blanqueo de capitales judicializados en México.
El daño no se limita al fisco. Cuando las factureras operan a esta escala, golpean la competencia, erosionan la recaudación y reducen recursos que podrían financiar seguridad, salud, educación o servicios públicos.
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