La declaratoria contra Portacelis no acusa a Andy López Beltrán ni a Amílcar Olán. Sin embargo, los vínculos empresariales documentados obligan a la FGR a esclarecer hasta dónde llega la ruta y quiénes fueron sus beneficiarios reales.
Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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@Castelazoa
El caso Portacelis Gas and Oil tiene muchos nombres, pero dos concentran la pregunta política: Jorge Amílcar Olán Aparicio y Andrés Manuel “Andy” López Beltrán. No por una acusación acreditada, sino porque la historia empresarial conduce al primero y su cercanía conduce al segundo.
El SAT presentó el 25 de marzo una declaratoria de perjuicio ante la FGR por 139 pedimentos tramitados entre febrero y junio de 2025. La autoridad calcula una omisión de 834 millones de pesos en derechos e impuestos por importaciones de combustible.
Portacelis nació el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa. Juan Carlos de la Cruz Murillo fue su primer administrador; MCCI lo identifica como contador de confianza de Amílcar Olán. De la Cruz dejó el cargo y José Alonso Ulin Hernández asumió la administración.
Ese relevo no borra la historia corporativa. MCCI documentó que De la Cruz ocupó posiciones en Romedic, Poyago e Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis. En esta última, Olán posee el 90 por ciento de las acciones. El vínculo no prueba delito, pero merece seguimiento financiero y societario.
Aquí aparece Amílcar Olán, no como propietario formal de Portacelis ni como imputado en la declaratoria, sino como la figura alrededor de la cual convergen relaciones empresariales documentadas. Ignorar esa conexión sería tan irresponsable como transformarla, sin pruebas, en sentencia.
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Olán ocupa un lugar político delicado por su amistad con Andy y Gonzalo López Beltrán. Investigaciones anteriores han documentado sociedades, contratos, proveedores y conversaciones atribuidas al empresario alrededor de proyectos del periodo obradorista. Ese historial convierte cada nueva coincidencia empresarial en una pregunta legítima.
Y Andy importa porque no es cualquier amigo. Es hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, integrante de Morena y parte del núcleo del poder. Hoy no existe evidencia pública suficiente para afirmar que participó en las operaciones fiscales de Portacelis. Esa frontera debe respetarse.
La presunción de inocencia no concede inmunidad al escrutinio. El 14 de agosto, Claudia Sheinbaum afirmó que la FGR no investigaba a Andy y aseguró que su gobierno no protegería a quien cometiera un delito. Dos semanas después, el expediente Portacelis elevó la presión política.
La declaratoria no señala a Andy ni a Olán. Pero la historia corporativa obliga a investigar si la relación terminó en De la Cruz Murillo o existieron beneficiarios, financistas o tomadores de decisiones detrás de los nombres en las actas. Ésa es la pregunta central.
Otros involucrados tienen menor peso político, pero son indispensables para esclarecer la operación. El SAT pidió proceder contra Ulin Hernández y los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez, Hantulio Ordoñez, Víctor José Carretero y Carlos Francisco Cruz, además de quienes resulten responsables.
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Sus actuaciones, responsabilidades y defensas deberán analizarse. Carretero aparece en otros expedientes sobre presunto contrabando de hidrocarburos. Un juez decidirá su situación. No obstante, la FGR debe evitar que los firmantes visibles se conviertan en el límite de la investigación.
La oportunidad para Sheinbaum es grande. Puede demostrar que su prometida cero impunidad funciona cuando una ruta empresarial roza amistades del obradorismo. Investigar a fondo no significa fabricar culpables; significa reconstruir dinero, permisos, proveedores, decisiones, beneficiarios reales y posibles protecciones institucionales.
El riesgo: procesar administradores y agentes mientras nadie pregunta quién financió, controló o recibió las ganancias. México conoce demasiado bien ese método. Se castiga al operador, se presenta un expediente y el posible centro de la red desaparece detrás de tecnicismos y silencios.
Además, el ciudadano paga la factura. Los 834 millones presuntamente omitidos son recursos que no llegaron a hospitales, medicamentos, seguridad, carreteras y escuelas. Las empresas compiten en desventaja frente a quienes, según la autoridad fiscal, habrían utilizado información falsa para reducir obligaciones.
Por eso, la prueba no consiste sólo en procesar a Ulin o a los agentes aduanales. Consiste en esclarecer hasta dónde llega la ruta relacionada con Amílcar Olán y si algún elemento involucra a Andy. Si no lo hay, que se descarte; si lo hay, que no se esconda.
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