Política Gurú presenta la columna de David Martínez Staines sobre el dilema que enfrenta México: conservar la estabilidad económica del T-MEC mientras Washington exige resultados contra el crimen organizado, el huachicol y las redes de corrupción que podrían alcanzar al poder político.
#AsídeClaro | David Martínez Staines
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Durante años, el gobierno mexicano insistió en que la soberanía nacional era innegociable. Que nadie desde Washington impondría condiciones a México. Que la cooperación sí, pero jamás la subordinación. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose sobre el discurso.
Hoy, el T-MEC se ha convertido en mucho más que un tratado comercial. Es el principal instrumento de presión política de Estados Unidos sobre un gobierno mexicano que enfrenta crecientes cuestionamientos por el avance del crimen organizado, el tráfico de drogas sintéticas y las redes de huachicol que, lejos de desaparecer, evolucionaron hasta convertirse en auténticas estructuras empresariales delictivas con profundas conexiones políticas.
Washington ya no parece dispuesto a tolerar explicaciones. Exige resultados.
El mensaje es inequívoco: mientras existan funcionarios, gobernadores, alcaldes, legisladores o exservidores públicos protegidos por el poder político y vinculados con organizaciones criminales, la relación bilateral dejará de ser una asociación estratégica para convertirse en una relación de permanente vigilancia.
El problema para Palacio Nacional es que el margen de maniobra es cada vez menor.
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La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una contradicción que amenaza con definir todo su sexenio. Necesita preservar la estabilidad económica que representa el T-MEC, pero al mismo tiempo carga con el enorme costo político de pertenecer al mismo movimiento que gobernó durante los últimos seis años. Cualquier investigación contra figuras relevantes del oficialismo inevitablemente se interpretará como un cuestionamiento al legado de la llamada Cuarta Transformación.
Y ahí reside el verdadero dilema.
Porque si México coopera plenamente con las exigencias estadounidenses, podría terminar exhibiendo redes de corrupción que alcanzarían a personajes de enorme peso político. Pero si decide protegerlas o minimizar las investigaciones, el costo económico y diplomático puede ser considerable.
No es casual que las presiones estadounidenses ya no se concentren únicamente en el combate al fentanilo. Hoy el foco también apunta hacia el robo y tráfico ilegal de combustibles, una actividad que mueve miles de millones de pesos, fortalece financieramente a grupos criminales y, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, no podría operar a gran escala sin algún nivel de corrupción institucional.
La presión ya no distingue colores partidistas. Quien aparezca relacionado con estructuras criminales corre el riesgo de convertirse en objetivo de investigaciones, sanciones financieras, cancelación de visas o procesos penales del otro lado de la frontera.
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Estados Unidos entendió algo que en México durante años se quiso ignorar: el crimen organizado dejó de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en una amenaza económica y comercial.
Por eso el T-MEC dejó de ser solamente un acuerdo de libre comercio. Se ha transformado en una poderosa herramienta geopolítica capaz de influir en decisiones internas del Estado mexicano.
La pregunta ya no es soberanía, si seguirá presionando.
La verdadera incógnita es hasta dónde estará dispuesto el gobierno mexicano a llegar para preservar la estabilidad económica sin provocar una fractura política dentro de su propio movimiento.
Porque, al final, cuando la estabilidad comercial depende de demostrar que nadie está por encima de la ley, las lealtades políticas empiezan a convertirse en un lujo demasiado costoso.
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