El problema no es solo que falte gasolina. El verdadero problema es que, si la denuncia se confirma, el gobierno estaría usando clausuras para ocultar una crisis de suministro.
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El problema no es solo que falte gasolina. El verdadero problema es que, si la versión revelada por empresarios gasolineros se confirma, el gobierno estaría usando al aparato del Estado para ocultar una falla de Pemex. Y cuando el Estado tapa el tablero, el ciudadano paga la cuenta.
La columna de Carlos Loret de Mola plantea una acusación grave: presuntas clausuras temporales a estaciones de servicio para ganar dos o tres días mientras llega el combustible. Es decir, cerrar gasolineras no por incumplimientos reales, sino para esconder que no había producto suficiente.
Además, el mecanismo descrito exhibe una lógica preocupante. Primero llega una autoridad. Luego aparece una lista inflada de requisitos. Después surge un pretexto: seguridad, medio ambiente, precios, papeles, sospecha de huachicol o cualquier detalle administrativo. Finalmente, la estación cierra y Pemex gana tiempo.
Si esto ocurre así, no estamos ante una simple falla logística. Estamos ante una simulación institucional. Porque una cosa es reconocer retrasos en distribución, problemas de inventario o presión en terminales de almacenamiento. Otra muy distinta es fabricar una normalidad artificial mediante clausuras selectivas.
Sin embargo, el fondo es más amplio. México arrastra una política energética basada en el discurso de la autosuficiencia, pero con resultados incompletos. Se prometió producir más petróleo, depender menos de importaciones y convertir a las refinerías en el gran símbolo de soberanía. No obstante, la realidad operativa sigue siendo frágil.
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Pemex ha mejorado ciertos indicadores de refinación, pero sigue cargando deuda, presión presupuestal, campos maduros y una producción petrolera por debajo de las grandes promesas políticas. Además, Dos Bocas, vendida como emblema de independencia energética, todavía enfrenta tropiezos, incidentes y una operación lejos de la narrativa triunfalista.
Por eso, el supuesto desabasto no debe leerse como un episodio aislado. Es una consecuencia posible de una estrategia que privilegió el símbolo sobre la infraestructura, la propaganda sobre la logística y el control político sobre la competencia. Mientras tanto, el consumidor común no vive de discursos: necesita cargar para trabajar, moverse y producir.
El impacto ciudadano es directo. Si una gasolinera cierra, el automovilista pierde tiempo y dinero. Si el diésel se complica, sube la presión sobre transporte, alimentos, mercancías y servicios. Además, cuando el abasto se vuelve incierto, aparece otro costo invisible: la desconfianza.
También hay un ángulo empresarial delicado. Si las estaciones privadas enfrentan clausuras temporales mientras las de marca Pemex operan con normalidad, se instala la sospecha de competencia desleal. Y en un mercado tan sensible como el energético, esa sospecha puede dañar inversión, empleos y precios.
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El gobierno tiene derecho a inspeccionar. Nadie serio defendería estaciones inseguras, irregularidades ambientales o venta de combustible ilícito. Pero una inspección legítima debe ser transparente, pareja y verificable. Cuando las clausuras parecen coincidir con problemas de suministro, la autoridad tiene la obligación de explicar, no de esconder.
Además, México no puede normalizar inventarios de apenas unos días. La seguridad energética exige colchones, planeación, almacenamiento suficiente y rutas de distribución confiables. En países desarrollados, las reservas no se tratan como trámite burocrático, sino como escudo nacional frente a crisis internacionales, conflictos, bloqueos o fallas internas.
Por lo tanto, el debate ya no es si el gobierno acepta o niega el desabasto. El punto central es si México tiene una política energética capaz de resistir una crisis real. Hoy, la respuesta parece incómoda: hay discurso de soberanía, pero no necesariamente seguridad de suministro.
Cerrar estaciones para ganar tiempo, si se confirma, sería una confesión disfrazada de inspección. Porque cuando un gobierno necesita ocultar la falta de gasolina, el problema ya no está en las bombas. Está en la forma de gobernar.
Y ese es el cierre duro: la gasolina puede faltar dos días, pero la confianza pública tarda años en recuperarse. México no necesita clausuras oportunas; necesita verdad, inventarios, competencia limpia y una política energética que funcione más allá del aplauso mañanero.
Editorial basada en la columna de opinión de Carlos Loret de Mola, “Historias de reportero”, publicada en El Universal.
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