La crisis del examen de ingreso de la UNAM abrió un nuevo frente tras difundirse un presunto vínculo entre un familiar del rector Leonardo Lomelí y Territorium, versión que carece de confirmación oficial y pruebas documentales.
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La crisis por el examen de ingreso de la UNAM abrió un nuevo frente este 30 de julio, después de que un reporte periodístico atribuyera a fuentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sospechas sobre un presunto vínculo entre un familiar del rector Leonardo Lomelí y uno de los fundadores de Territorium Life.
El señalamiento fue publicado por La Política Online a partir de fuentes anónimas. Sin embargo, el medio no presentó documentos ni identificó al supuesto familiar. Tampoco existe, hasta ahora, una declaración pública del secretario de Educación, Mario Delgado, que acuse al rector o confirme una investigación federal sobre esa relación.
Delgado únicamente ha informado que mantiene comunicación con Lomelí y que la Universidad prepara un diagnóstico sobre lo ocurrido. Por tanto, el supuesto nexo con Carlos Guillermo Elizondo Ancer, director y cofundador de Territorium, debe tratarse como una versión periodística no corroborada, no como un hecho probado.
Contrato y controles bajo revisión
Lo confirmado es que la UNAM adjudicó directamente a Territorium un contrato para operar y supervisar las evaluaciones digitales. El convenio estableció un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones, según los servicios efectivamente prestados.
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La plataforma debía aplicar reconocimiento facial y de voz, monitoreo mediante inteligencia artificial, bloqueo de aplicaciones, almacenamiento de evidencias y vigilancia humana. No obstante, los resultados inusualmente altos despertaron dudas sobre la eficacia de esos controles y la posibilidad de que algunos aspirantes hubieran recibido ayuda externa.
Territorium sostuvo que su plataforma funcionó conforme a lo previsto y pidió que cualquier prueba se presente ante la comisión universitaria. También argumentó que la integridad de una evaluación no depende exclusivamente del software, sino de los protocolos académicos y de la coordinación entre las instituciones involucradas.
El reporte de La Política Online añade que Lomelí habría detenido el pago de facturas mientras se aclaraba el supuesto vínculo. Según esa versión, la decisión habría impedido realizar pruebas de validación por 40 millones de pesos. La afirmación no está respaldada públicamente por contratos, facturas ni comunicados oficiales.
Más de 158 mil aspirantes esperan una resolución
La consecuencia comprobable recae, por ahora, sobre más de 158 mil aspirantes. La Universidad suspendió provisionalmente la entrega de documentos y las inscripciones del ciclo 2026-2027/1, mientras una comisión técnica revisa el procedimiento y los resultados.
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En total, están en juego cerca de 22 mil lugares de licenciatura. La comisión deberá decidir si valida los resultados, identifica de manera individual los exámenes irregulares o recomienda repetir la evaluación. Este último escenario podría retrasar las inscripciones y generar inconformidades o litigios.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió resolver el caso con rapidez y aplicar las medidas correspondientes si se comprueba una falla de la empresa. Para los aspirantes y sus familias, la incertidumbre tiene consecuencias académicas, económicas y personales. Para la UNAM, el problema compromete la confianza en su sistema de admisión.
La revisión deberá aclarar tanto el funcionamiento de la plataforma como las decisiones administrativas relacionadas con el contrato. Mientras no aparezcan pruebas documentales, las versiones sobre parentescos o conflictos de interés no pueden asumirse como conclusiones, aunque sí aumentan la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
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