Las críticas contra la cercanía de Omar García Harfuch con Washington exhiben una disputa mayor: decidir si la seguridad se conducirá con resultados, controles e instituciones o quedará atrapada en dogmas y ambiciones.
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La ofensiva interna contra Omar García Harfuch exhibe la dificultad de Morena para conciliar su discurso soberanista con una política de seguridad que depende de inteligencia, coordinación internacional y decisiones alejadas de la consigna.
Según la columna de Claudio Ochoa Huerta, sectores radicales del oficialismo cuestionan su cercanía con autoridades estadounidenses, como Terry Cole, y preguntan si trabaja para México o para Donald Trump. Es una versión de fuentes políticas, no una acusación acreditada, pero retrata una tensión verosímil.
El gobierno presume resultados operativos, aunque sectores de su coalición sospechan del funcionario. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó una reducción de un 51 % en el promedio diario de homicidios dolosos entre octubre de 2024 y julio de 2026. Es una cifra oficial relevante.
Por eso debe revisarse con series, fiscalías, datos estatales, desapariciones, extorsión y percepción ciudadana. Ningún porcentaje aislado resuelve la crisis. Sin embargo, tampoco resulta responsable desechar avances solamente porque incomodan a quienes prefieren la pureza ideológica sobre la eficacia institucional.
La colaboración con Estados Unidos tampoco equivale a subordinación. El crimen opera con armas, dinero, precursores químicos y redes que cruzan fronteras. México necesita información y capacidad tecnológica. La soberanía efectiva no consiste en aislarse, sino en cooperar con reglas, reciprocidad y objetivos.
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Ahí está la responsabilidad de Harfuch. Su interlocución con Washington debe producir seguridad para México, no fotografías ni una plataforma sucesoria. Si quiere conservar credibilidad, tendrá que transparentar acuerdos, límites y mecanismos de control. La confianza pública no puede depender de relaciones personales.
La comparación con Genaro García Luna, mencionada por los críticos, es explosiva e improcedente sin pruebas. Una condecoración extranjera no demuestra corrupción, así como una relación bilateral tampoco certifica integridad. Usar aquel caso como insinuación automática degrada el debate y sustituye evidencia por sospecha.
Eso no significa otorgar un cheque en blanco. Porque Harfuch concentra información y respaldo presidencial, necesita mayor escrutinio, controles civiles y rendición de cuentas. La eficacia sin contrapesos puede convertirse en poder personal; la vigilancia institucional protege al Estado y al propio funcionario.
El episodio de Lila Abed exige prudencia. Proceso informó que era considerada para representar a la SSPC en Washington. La designación debe evaluarse por experiencia, atribuciones, posibles conflictos y beneficio público, no por cercanía personal. Nombramientos sensibles requieren criterios verificables y explicación institucional.
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La protagonista es Claudia Sheinbaum. Defender a su secretario con cifras puede ser razonable, pero no basta. La presidenta debe impedir que la seguridad se convierta en campo de batalla entre facciones de Morena. Su obligación no es proteger carreras, sino garantizar una estrategia legal y evaluable.
Además, el conflicto desnuda una contradicción: el oficialismo celebra la disciplina cuando fortalece al movimiento, pero desconfía del profesionalismo cuando crea autonomía. Harfuch incomoda porque sus resultados le dan capital y porque su lenguaje operativo no necesita liturgia. Para los radicales, puede parecer una amenaza política.
Para los ciudadanos, sin embargo, importa otra cosa: poder salir, trabajar, viajar y volver a casa. Las familias no viven de equilibrios internos ni de fotografías bilaterales. Viven —o sobreviven— según la capacidad del Estado para reducir homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y reclutamiento criminal.
Por eso, convertir la seguridad en una disputa sucesoria sería irresponsable. También lo sería blindar a Harfuch de toda crítica bajo el argumento de los resultados. México necesita continuidad cuando funciona, corrección cuando falla y transparencia siempre. Ni sabotaje faccioso ni culto al funcionario.
La salida exige institucionalizar los aciertos: protocolos auditables, coordinación con fiscalías y estados, indicadores públicos, controles legislativos y cooperación exterior legal. Si todo depende de una persona, la estrategia es frágil. Si depende de instituciones, podrá sobrevivir a rivalidades, elecciones y cambios de gabinete.
Harfuch debe medir sus formas; los radicales, sus acusaciones; y Sheinbaum, su capacidad para gobernar a los propios. La seguridad nacional no puede ser rehén de dogmas, celos o aspiraciones. El único bando legítimo es el ciudadano: resultados comprobables, soberanía responsable y cuentas claras.
Crédito de fuente: Editorial elaborada a partir de “Los radicales contra Omar”, de Claudio Ochoa Huerta, publicada en El Universal el 23 de agosto de 2026.
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