La aeronave que trasladó a “El Mayo” Zambada terminó exhibida por el FBI, mientras México aún intenta saber quién organizó la operación y por qué su gobierno quedó fuera.
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El caso de Ismael “El Mayo” Zambada dejó una imagen difícil de explicar: la aeronave utilizada para trasladarlo a Estados Unidos terminó exhibida en un museo vinculado con el FBI, mientras México seguía preguntando cómo ocurrió la operación y quién la autorizó.
La historia también derrumbó otra pieza del discurso oficial. Ken Salazar, durante años visitante habitual de Palacio Nacional y rostro de la supuesta confianza entre ambos gobiernos, pasó de interlocutor privilegiado a ser señalado por haber entregado información falsa o incompleta.
El 25 de julio de 2024, Zambada y Joaquín Guzmán López aterrizaron cerca de El Paso y quedaron bajo custodia estadounidense. Washington anunció las detenciones. México, en cambio, quedó al margen de una operación que comenzó en su territorio y alteró de inmediato el mapa criminal de Sinaloa.
Desde entonces, las preguntas siguen abiertas: quién organizó el traslado, quién controló la aeronave, cuándo conocieron el plan las autoridades estadounidenses y qué participación tuvieron sus agencias.
Salazar aseguró que no se trató de un avión, un piloto ni una operación del Gobierno de Estados Unidos. La aparición de la aeronave en el War Eagles Air Museum, prestada por el FBI y relacionada públicamente con sus acciones contra el narcotráfico, golpeó esa versión.
No basta, sin embargo, con encontrar el avión dentro de una vitrina para cerrar el caso. Su posesión posterior no prueba por sí sola quién planeó el secuestro ni demuestra que agentes estadounidenses actuaran en México. Pero sí vuelve insostenible la vaguedad con la que Washington respondió durante casi dos años.
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Si el Gobierno de Joe Biden sabía más de lo que informó, ocultó datos sensibles a un socio estratégico. Si Salazar recibió una versión incompleta, entonces fue utilizado para transmitir una explicación que hoy se desmorona. Ninguno de los dos escenarios resulta menor.
México también debe revisar su propia actuación. Andrés Manuel López Obrador convirtió al embajador en invitado frecuente, confidente político y símbolo de una relación bilateral presentada como excepcional. La cercanía personal sustituyó demasiadas veces a los controles institucionales.
Una política exterior seria no se sostiene con sombreros, fotografías, comidas privadas ni declaraciones de amistad. Requiere canales formales, información verificable, protocolos claros y responsabilidades compartidas. Cuando todo descansa en la confianza entre personas, la primera crisis deja al descubierto la fragilidad del arreglo.
El cambio de trato hacia Salazar también exhibe la elasticidad del oficialismo. Mientras acompañó la narrativa de cooperación, Palacio Nacional lo presentó como aliado. Cuando sus declaraciones y memorias comenzaron a incomodar, se convirtió en símbolo de la deslealtad estadounidense.
La verdad no puede depender de si un diplomático resulta útil o incómodo para el gobierno en turno.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, sostiene que recibió información falsa, parcial e insuficiente. También mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar cómo salió la aeronave, quién participó en el traslado y qué intervención tuvieron las autoridades estadounidenses.
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Investigar es indispensable. Convertir a Salazar en el centro penal del caso, en cambio, puede ser más ruido que resultado. La inmunidad diplomática protege los actos realizados durante el ejercicio de sus funciones, incluso después de concluida la misión. La propia FGR ha reconocido los límites para proceder contra él.
El expediente que realmente importa no es el que sirva para exhibir al exembajador. Es el que documente qué hizo el FBI, qué sabía la Casa Blanca, quién permitió el aterrizaje y qué redes mexicanas facilitaron la extracción de uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
El costo tampoco quedó atrapado en la diplomacia. La captura de Zambada rompió equilibrios dentro del Cártel de Sinaloa y abrió una guerra entre facciones. Los muertos, desaparecidos, desplazados y negocios paralizados muestran dónde terminan las operaciones opacas entre gobiernos: en la vida cotidiana de los ciudadanos.
México tiene razones para exigir explicaciones y defender su soberanía. Pero esa defensa pierde fuerza cuando llega tarde, se mezcla con cálculos partidistas o evita reconocer las fallas internas. Washington debe aclarar su actuación. México debe explicar por qué una operación de esa magnitud lo sorprendió dentro de su propio territorio.
Ken Salazar no se convirtió de pronto en villano. Dejó de ser funcional para la narrativa oficial.
El caso Zambada necesita pruebas, no revancha; instituciones, no amistades; respuestas, no conferencias. Porque cuando la diplomacia se administra como una relación personal, la soberanía termina enterándose de lo ocurrido frente a la vitrina de un museo.
Esta editorial está basada en la columna de opinión de Salvador García Soto, publicada en su espacio “Serpientes y Escaleras” de El Universal.
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