La captura de “El Mayo” Zambada abrió una disputa entre México y Estados Unidos. Sheinbaum y la FGR acusan a Ken Salazar de ocultar información; el exembajador niega cualquier participación estadounidense.
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La captura de Ismael “El Mayo” Zambada abrió una grieta que México y Estados Unidos no han logrado cerrar. La presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República (FGR) acusaron al exembajador Ken Salazar de haber entregado información falsa sobre la operación del 25 de julio de 2024, cuando el capo fue trasladado de Sinaloa a Nuevo México.
El choque escaló después de que la aeronave utilizada para llevar a Zambada y a Joaquín Guzmán López fuera exhibida en un museo de Nuevo México como parte de una operación atribuida al FBI. Para el Gobierno mexicano, esa referencia contradice la versión que Washington sostuvo desde el inicio: que ninguna agencia estadounidense participó en el traslado.
La FGR acusa engaño y falta de cooperación
La fiscal general, Ernestina Godoy, afirmó que las autoridades estadounidenses entregaron información “falsa, parcial e insuficiente” y obstaculizaron las diligencias mexicanas sobre el avión, el piloto y la ruta.
Godoy advirtió que, si el FBI planeó o ejecutó la operación sin conocimiento de México, el episodio podría implicar violaciones al derecho nacional y a las normas internacionales. La acusación, sin embargo, todavía forma parte de una investigación y no constituye una conclusión judicial.
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La FGR tampoco anunció cargos penales contra Salazar. Raúl Jiménez Vázquez, fiscal de Control Competencial, explicó que el entonces embajador gozaba de inmunidad diplomática y que cualquier responsabilidad tendría que examinarse en el terreno de las relaciones internacionales.
Godoy también puso la lupa sobre la secuencia de hechos alrededor de Ovidio Guzmán López. Señaló la cercanía temporal entre los beneficios que recibió en Estados Unidos, la operación contra Zambada y la llegada posterior de familiares vinculados con Los Chapitos.
La fiscalía considera que esos movimientos podrían estar relacionados. Hasta ahora, se trata de una hipótesis bajo investigación, no de un hecho probado.
Salazar rechaza la acusación
Ken Salazar respondió con una negativa tajante: “No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación”. El exdiplomático sostuvo que funcionarios estadounidenses informaron al Gobierno mexicano, desde julio de 2024, que ninguna agencia de su país intervino en el traslado.
Las dos versiones chocan de frente. México acusa falta de transparencia; Salazar insiste en que Washington no organizó la maniobra. Ninguna resolución judicial pública ha aclarado todavía quién planeó la operación, quién la ejecutó ni qué sabía cada gobierno.
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La disputa rebasa el caso de un capo. La cooperación contra el narcotráfico depende del intercambio confiable de inteligencia, la coordinación entre fiscalías y el respeto a la jurisdicción de cada país. Si Estados Unidos actuó por su cuenta, la confianza bilateral quedaría seriamente dañada.
Sheinbaum niega protección a Rocha Moya
El caso también alcanzó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Sheinbaum negó que el Gobierno federal lo mantenga oculto o bajo resguardo. Afirmó que Rocha Moya se encuentra en su domicilio y no cuenta con protección federal.
La presidenta aseguró que su administración no defenderá a ningún funcionario si existen pruebas, pero rechazó que una acusación baste para proceder. El mensaje fue claro: ni impunidad para los servidores públicos ni condenas construidas desde el extranjero sin evidencia.
El expediente Zambada sigue abierto. También la pregunta que lo persigue desde 2024: si Washington actuó sin informar a México, ¿quién autorizó la operación y por qué el Gobierno mexicano recibió una versión distinta?
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