México no debe permitir una operación militar de Estados Unidos, pero tampoco puede usar la soberanía como escudo ante acusaciones de narcopolítica.
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México no necesita soldados extranjeros entrando a su territorio para perseguir criminales. Esa línea debe ser clara. Ningún gobierno, y menos uno encabezado por Donald Trump, puede convertir la lucha antidrogas en pretexto para pisar la soberanía mexicana.
Pero tampoco alcanza con ondear la bandera.
La soberanía no se defiende solo con discursos desde Palacio Nacional. Se defiende con instituciones limpias, fiscalías que investiguen, policías que no vendan información y gobiernos capaces de romper cualquier pacto oscuro con el crimen organizado.
Ahí está el punto incómodo.
Estados Unidos ya puso sobre la mesa acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos, incluidos perfiles ligados a Morena en Sinaloa, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los señalados conservan la presunción de inocencia. Eso no está a discusión. Sin embargo, el golpe político ya llegó y el costo institucional también.
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Claudia Sheinbaum pidió pruebas contundentes antes de actuar. En principio, tiene razón. México no puede moverse al ritmo de Washington ni aceptar señalamientos como sentencia. Pero exigir pruebas no basta si el Estado mexicano no muestra músculo propio para investigar a fondo.
Porque ahí está la falla: cuando México parece incapaz de limpiar la casa, Trump encuentra espacio para vender su narrativa.
Su mensaje es simple y peligroso: si México no hace el trabajo, Estados Unidos lo hará. No suena a cooperación. Suena a advertencia. Peor aún, suena a preparación política para justificar una acción unilateral bajo el disfraz de seguridad nacional.
México no puede caer en esa trampa.
Una intervención estadounidense no resolvería la corrupción local. No reconstruiría fiscalías. No desmantelaría redes de protección política. Tampoco devolvería tranquilidad a comunidades donde el crimen manda más que la autoridad.
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Al contrario, abriría una crisis mayor.
Por eso la respuesta mexicana debe ser más seria que el reflejo nacionalista. Defender el territorio implica impedir cualquier operación extranjera, sí. Pero también exige investigar si el crimen organizado financió campañas, compró policías, capturó alcaldías o infiltró gobiernos estatales.
La soberanía se vuelve frágil cuando el Estado grita hacia fuera, pero titubea hacia dentro.
Sheinbaum enfrenta una decisión delicada. Puede convertir esta crisis en una política de Estado contra la narcopolítica, con investigaciones reales y cooperación limitada por la ley. O puede dejar que el tema se reduzca a un pleito discursivo con Trump.
La primera ruta fortalece a México. La segunda le regala al trumpismo el pretexto que busca.
El país no necesita una incursión militar extranjera. Necesita un gobierno que actúe sin miedo, incluso cuando las sospechas apunten hacia su propia casa.
Crédito editorial: Esta editorial está basada en la columna de opinión de Jorge Ramos, publicada en su columna Opinión en Reforma.
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