Crece la alerta en el sistema financiero mexicano ante posibles nuevas sanciones del Tesoro de EE. UU.

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El reciente golpe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al sistema financiero mexicano ha encendido las alarmas entre actores del sector. A pesar de los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum por enviar un mensaje de calma, persisten los temores sobre un posible “efecto dominó” que implicaría la inclusión de nuevas instituciones en las listas de sanciones.

Fuentes del sistema bancario aseguran que, en los próximos días, podrían sumarse al menos tres entidades financieras más al escrutinio del Tesoro, incluyendo un banco con capital mayoritariamente mexicano. Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente, este rumor ha generado incertidumbre.

De manera particular, se percibe un riesgo elevado en instituciones con bajos controles internos, como algunas Sociedades Financieras Populares (Sofipos), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y neobancos. Según especialistas, estas organizaciones carecen en muchos casos de estructuras robustas para prevenir operaciones ilícitas.

La presidenta Sheinbaum trató de minimizar el impacto mediático al afirmar que las instituciones señaladas son pequeñas y que las leyes antilavado en México han sido reforzadas. Además, mencionó que el Tesoro, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), no presentó pruebas contundentes que sustenten las acusaciones.

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La Secretaría de Hacienda y otras organizaciones como la Asociación de Bancos de México y la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles respaldaron la postura oficial. No obstante, las declaraciones no lograron disipar la desconfianza. Más aún, la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a CI Banco e Intercam solo acentuó la preocupación.

Alondra De La Garza Erives, analista especializada en prevención de lavado de dinero, criticó la falta de coherencia entre el discurso del gobierno y las acciones del Tesoro. También puso en duda la supuesta colaboración bilateral entre ambas naciones en estos temas.

El abogado Gabriel Regino también cuestionó el manejo del conflicto. Consideró inusual que, tratándose de un escándalo de alcance financiero, no se pronunciara públicamente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A su juicio, la presidenta ha sido dejada sola ante una situación grave.

Una omisión que ha generado suspicacias es la ausencia de medidas sobre Vector Casa de Bolsa. A pesar de estar incluida en el señalamiento del Tesoro, la CNBV no aplicó sanciones inmediatas. Esto ha despertado dudas sobre un posible intento de proteger políticamente a Alfonso Romo, quien ha sido vinculado a la firma.

Según fuentes del sector, podría haber dos explicaciones para este silencio. Por un lado, es posible que se estén evaluando con más cuidado las acusaciones. Por otro, podría tratarse de una estrategia para evitar mayor repercusión mediática.

En ese contexto, los analistas anticipan un escenario de consecuencias progresivas. Aunque no existe una acusación penal formal, las acciones del Tesoro generan un daño reputacional severo a las entidades implicadas. Y, por extensión, al conjunto del sistema bancario mexicano.

De La Garza Erives sostiene que esta situación causará una pérdida de confianza entre usuarios e inversionistas. Se prevén cierres de cuentas, salidas de capitales y migración hacia bancos con menor riesgo, aunque estos ofrezcan rendimientos más bajos.

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Otra consecuencia directa es que muchas instituciones buscarán bloquear o restringir operaciones con las empresas señaladas, especialmente en transacciones con Asia. El miedo a represalias o sanciones colaterales aumentará el control interno, aunque también podría derivar en exclusión financiera.

“Cuando el sistema entra en pánico, se cierra. Eso provoca un terreno fértil para los mercados negros”, advierte la especialista. A largo plazo, las restricciones podrían empujar a ciertos sectores a buscar alternativas informales de financiamiento.

Asimismo, se espera que los organismos reguladores endurezcan sus auditorías, particularmente sobre cuentas con operaciones internacionales. Las corresponsalías bancarias también se volverán más difíciles de mantener.

Por parte del sector privado, se prevé una respuesta reactiva: auditorías internas, reestructuración de equipos y revisión de procesos de cumplimiento. La crisis revelaría deficiencias que, de confirmarse, implicarían fallas institucionales graves.

En opinión de José Antonio Quesada, presidente del Consejo Nacional de Cumplimiento y Prevención de Ilícitos Económicos (Cncpie), el actual escenario pudo haberse previsto. Desde el anuncio de Donald Trump en 2019 sobre designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ya existían advertencias.

“Este no es un episodio aislado. Vivimos momentos extraordinarios que requieren respuestas igual de excepcionales”, sostuvo Quesada. Además, recordó que las observaciones del Tesoro llegan justo cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realiza su quinta ronda de evaluaciones en México.

Ante este panorama, las próximas semanas serán determinantes para el futuro inmediato del sistema financiero mexicano.

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