El caso Segalmex volvió a crecer: la FGR imputó un nuevo presunto desvío contra René Gavira, mientras la oposición acusa impunidad selectiva por la falta de cargos contra Ignacio Ovalle.
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Segalmex suma otro frente judicial
El caso Segalmex volvió a crecer. Aunque el organismo ya desapareció, la FGR presentó una nueva imputación contra René Gavira Segreste, exadministrador de la institución, por un presunto desvío de más de 13 millones de pesos en un contrato de mantenimiento en Zacatecas.
La acusación sostiene que los recursos fueron pagados a Inmobiliaria Terbix S.A. de C.V. para conservar un inmueble. Sin embargo, según la investigación, en lugar de llevar a cabo los trabajos pactados, se levantaron estructuras metálicas tipo contenedor, una de ellas inconclusa.
El nuevo expediente complica aún más la situación de Gavira, preso en el Reclusorio Norte desde 2023. Con esta causa, el exfuncionario ya acumula siete procesos judiciales relacionados con compras irregulares, peculado, lavado de dinero, defraudación fiscal y desfalcos.
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El contrato bajo sospecha
El contrato fue otorgado en agosto de 2019 mediante adjudicación directa. En total, contemplaba trabajos de mantenimiento en inmuebles de Segalmex en 29 estados, por más de 70 millones de pesos.
Sin embargo, la FGR sostiene que en el llamado “polígono Zacatecas” no se hicieron las adecuaciones previstas. Además, el caso abrió una duda mayor: si esa práctica se repitió en otras entidades.
Por eso, el impacto no queda en un expediente técnico. El dinero investigado formaba parte de una institución creada para apoyar el abasto de alimentos, leche y productos básicos para comunidades vulnerables.
Pero Ovalle sigue fuera del banquillo
El contraste político es evidente. Mientras Gavira acumula cargos, Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex, permanece sin acusaciones penales, pese a que el caso suma funcionarios detenidos y desvíos estimados en miles de millones de pesos.
Legisladores de oposición acusaron una impunidad selectiva. Su argumento es simple: se castiga a operadores administrativos, pero no se toca al mando político que encabezó el organismo durante el periodo investigado.
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Además, exigieron revisar todos los contratos pendientes, recuperar los recursos desviados y llamar a comparecer a autoridades vinculadas con la nueva estructura de Alimentación para el Bienestar.
El caso Segalmex ya no solo mide el avance judicial contra un exfuncionario. También exhibe la pregunta que incomoda al poder: si la justicia llegará hasta arriba o se quedará en los operadores.
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