El Gobierno federal gastará 65.6 millones de pesos en la supervisión y certificación de la Línea Z del Tren Interoceánico, una cifra cuatro veces mayor a los ingresos que esa ruta obtuvo por boletos de pasajeros durante 2025.
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El Tren Interoceánico vuelve a costar más de lo que ingresa. El Gobierno federal pagará 65.6 millones de pesos para revisar y certificar la Línea Z, la ruta que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz y que en 2025 apenas generó 15.1 millones de pesos por venta de boletos de pasajeros.
La cifra pesa más por el antecedente inmediato: el descarrilamiento del 28 de diciembre, donde murieron 14 personas. Desde entonces, la seguridad de la línea quedó bajo presión pública, aunque la FGR atribuyó el accidente al exceso de velocidad del maquinista y no a fallas en la vía.
Una revisión millonaria después del accidente
El gasto se divide en dos contratos. El primero, por 44.6 millones de pesos, fue asignado por adjudicación directa a Dozzer Construcción y Asesoría. Su tarea será inspeccionar, tramo por tramo, los 313.6 kilómetros de vía entre Veracruz y Oaxaca.
El segundo contrato corresponde a la certificación internacional encargada a la firma alemana TÜV Rheinland, con un costo de 21 millones de pesos. Esa revisión fue ordenada tras la tragedia para evaluar las condiciones de operación de la Línea Z.
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La inspección no será de escritorio. Según la justificación oficial, los recorridos deberán hacerse a pie, metro por metro, para documentar las condiciones físico-mecánicas de la vía, sus componentes, sistemas y subsistemas.
En términos simples: el Gobierno pagará millones para confirmar si la ruta puede operar con seguridad. Y ahí aparece la contradicción política y técnica. Si la Fiscalía ya cerró la explicación en torno al error humano, ¿por qué ahora se necesita una revisión tan amplia y costosa?
La duda no viaja en tren: la paga el ciudadano
El caso golpea también el discurso de rentabilidad. El Corredor Interoceánico fue vendido como una plataforma estratégica para conectar el Golfo con el Pacífico, mover mercancías y detonar desarrollo regional. Sin embargo, el tren de pasajeros sigue lejos de justificar, por sí solo, los montos que consume.
Desde 2019, el Gobierno ha invertido 18 mil 463 millones de pesos en la rehabilitación de las vías de la Línea Z. Ahora suma otra factura: supervisión, certificación y nuevas dudas sobre una obra que todavía necesita demostrar que puede funcionar sin poner en riesgo a sus usuarios.
Para el ciudadano común, la discusión no es abstracta. Es dinero público. Cada peso destinado a revisiones, correcciones y certificaciones sale del mismo erario que también debe financiar salud, seguridad, carreteras, agua y servicios básicos.
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La revisión puede ser necesaria. Nadie sensato pediría operar un tren sin garantías. Pero el problema es otro: el Gobierno debe explicar por qué una obra presentada como estratégica, rehabilitada con miles de millones de pesos, requiere ahora otro gasto millonario para recuperar confianza.
Sin resultados públicos, responsables identificados y explicaciones completas, la Línea Z seguirá cargando una sombra pesada: la de un proyecto que promete desarrollo, pero sigue acumulando costos, tragedias y preguntas incómodas.
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