La acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya sacude a Sinaloa, golpea a Morena y abre una nueva crisis diplomática con México.
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Estados Unidos lanzó una acusación que sacude de lleno al poder político en Sinaloa. El Departamento de Justicia señaló al gobernador Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas por presunto tráfico de drogas y delitos vinculados con armas.
El expediente fue presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Ahí, fiscales estadounidenses describen una supuesta red de protección política, policial y judicial que habría operado en favor del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como “Los Chapitos”.
La acusación sostiene que los señalados habrían facilitado el envío de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Además, plantea que funcionarios y mandos de seguridad habrían protegido cargamentos, filtrado información operativa y permitido hechos de violencia sin consecuencias.
El caso no apunta solo contra Rocha Moya. También incluye a personajes ligados a la estructura pública estatal, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, actual senador morenista; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; así como exfuncionarios y mandos de corporaciones locales.
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Una acusación que pega en el corazón institucional
Para Washington, el mensaje es claro: el Cártel de Sinaloa no habría operado únicamente por fuerza criminal, sino también por presuntas complicidades dentro del aparato público. Esa es la parte más delicada del expediente.
De acuerdo con la acusación, Rocha Moya habría llegado al gobierno con apoyo de “Los Chapitos”, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos. A cambio, el gobernador habría ofrecido protección para que esa facción mantuviera margen de operación en Sinaloa.
Sin embargo, el expediente todavía debe cruzar el terreno jurídico mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición y las turnó a la Fiscalía General de la República.
La propia Cancillería también marcó distancia. Según su postura, la documentación enviada por Estados Unidos no contenía, en esta etapa, elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal. Por tanto, la decisión quedará en manos de la FGR.
Rocha se defiende y acusa un ataque político
Rocha Moya rechazó las imputaciones. En redes sociales aseguró que las acusaciones carecen de sustento y afirmó que no se trata solo de un ataque contra él, sino contra la Cuarta Transformación y contra la soberanía nacional.
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El caso abre una crisis de varios frentes. En lo judicial, porque podría avanzar una ruta de extradición. En lo político, porque toca directamente a Morena. Y, además, en lo diplomático, porque exhibe otra tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
Para el ciudadano común, la pregunta es inevitable: ¿quién gobierna realmente cuando una autoridad es señalada de proteger al crimen organizado?
Por ahora, Sinaloa queda bajo una presión inédita. Washington ya no solo apunta contra capos u operadores financieros. Ahora coloca en la mira a funcionarios que, según sus fiscales, habrían permitido que el narco se moviera desde las sombras del poder.
Rubén Rocha Moya
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