Editorial Política Gurú | 15 de noviembre de 2026
Un reportaje de EL PAÍS vincula a Adalberto Vega, diputado suplente del PVEM, con Sergio Carmona mediante chats, vuelos y contratos públicos. Vega lo niega. La respuesta debe venir de peritajes y auditorías, no del silencio.
Opinión | Análisis
Chats, bitácoras de vuelo y contratos por 55 millones de pesos vinculan a un diputado suplente del PVEM con Sergio Carmona. Nada de eso es una condena, pero tampoco se responde con «fue la inteligencia artificial». Hay documentos que pueden verificarse, y quien debe hacerlo no es el periodismo.
Lo esencial
- La cifra: 55 millones de pesos en dos contratos de la SICT firmados por Vega con Grupo Industrial Permart, empresa de los hermanos Carmona, según EL PAÍS.
- Quién decide: la FGR, la Fiscalía de Tamaulipas y la SICT, que puede auditar sus propios contratos; el PVEM, que debe fijar postura sobre su legislador.
- Qué falta comprobar: la autenticidad pericial de los chats y si existen las licitaciones que Vega dice que hubo.
Un exfuncionario que firmó obra pública con la empresa del llamado rey del huachicol hoy forma parte de la bancada de un partido aliado del Gobierno. Su defensa ante los documentos fue sugerir que los mensajes pudieron fabricarse con ChatGPT. Esa respuesta no cierra el caso: lo abre.
¿Qué documentó EL PAÍS?
La investigación de Zedryk Raziel expone tres tipos de evidencia. Primero, conversaciones de WhatsApp del 2 al 22 de noviembre de 2021 extraídas, según fuentes del entorno de Francisco Cabeza de Vaca, de dos celulares de Carmona. Él fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en Nuevo León.
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Segundo, planes de vuelo del Hawker 800 matrícula XB-PND con el nombre de Vega como pasajero, entre ellos un viaje Monterrey-Toluca del 23 de marzo de 2021, cuando aún dirigía el Centro SICT en Nuevo León. Tercero, contratos públicos con su firma autógrafa.
[VIDEO O GRÁFICA: línea de tiempo 2018–2026 con los cargos de Vega, los dos contratos con Permart, los vuelos de 2021 y la muerte de Carmona, con el logotipo de Política Gurú arriba a la derecha]
¿Qué dicen los contratos?
Son la pieza más sólida porque provienen de registros oficiales de transparencia. El 24 de enero de 2020, como director del Centro SICT Veracruz, Vega firmó un contrato por 33.1 millones de pesos para mantener un tramo carretero hacia Tamaulipas.
El 26 de abril de 2021, ya en Nuevo León, firmó otro por más de 22 millones. En ambos, por la empresa firmó Alejandro Angulo García, tío materno de los Carmona. Vega sostiene que fueron por licitación y que Permart cumplió; EL PAÍS no encontró esos procesos en la plataforma oficial de adjudicaciones.
¿Basta con decir que los chats son falsos?
No. Vega reconoce que conoció a Carmona y que hablaban por WhatsApp, pero dice no recordar de qué. En los mensajes atribuidos, se le ve como intermediario: pide transferir cinco millones a un tercero «para que quede constancia» y habla de entregas a un jefe al que llaman «el señor».
La sospecha de manipulación digital es legítima y tiene solución técnica: un peritaje forense de los dispositivos y de su cadena de custodia. El periódico verificó que el número de Vega es el mismo con el que lo contactó. Descalificar en abstracto no sustituye la prueba; exigirla, en cambio, sí sirve.
¿Qué responsabilidad tienen el PVEM y el Gobierno?
El PVEM declinó comentar porque Vega es suplente. Pero ejerció la curul un año, de 2024 a 2025, al cubrir la licencia de Héctor de la Garza Villarreal. Un partido que pide la confianza del electorado no puede tratar como ajeno a quien votó en su nombre.
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Hay que reconocer lo que sí se ha hecho. En septiembre de 2025, la FGR y la Marina desarticularon una red de huachicol fiscal que involucraba a mandos navales; el Gobierno aceptó el costo político de investigar dentro de casa. Ese criterio debe valer también para los aliados.
¿Por qué importa a los ciudadanos?
Porque el huachicol no es solo robo de combustible: es dinero que, según la versión de Cabeza de Vaca, financió campañas. Américo Villarreal lo ha negado repetidamente y no respondió a EL PAÍS. Esa acusación sigue sin prueba pública, y aquí no se da por cierta.
La tesis de Política Gurú es esta: Vega merece la presunción de inocencia, pero los contratos que firmó son públicos y auditables. La SICT puede revisar sus expedientes, la FGR puede peritar los celulares y el PVEM puede pedir explicaciones. Ninguno necesita esperar otra filtración.
Qué falta comprobar
- Si existen las licitaciones de los contratos de 2020 y 2021 con Permart y si la SICT o la ASF los han auditado.
- La autenticidad pericial de los chats y de las bitácoras del XB-PND, y si la FGR integra alguna carpeta sobre Vega.
- Quién es «el señor» al que, según los mensajes, se entregaban dinero y regalos.
Mira el análisis completo en el canal de YouTube de Política Gurú.
Crédito de fuente: Esta editorial parte del reportaje «Adalberto Vega, el compadre del rey del huachicol en el Partido Verde», de Zedryk Raziel, publicado por EL PAÍS (edición México, sección Huachicol) el 9 de noviembre de 2026. El registro de pasajeros del vuelo del 23 de marzo de 2021 fue difundido previamente por Reforma, según el propio EL PAÍS. Las conclusiones son de la mesa.
