La autorización de 20 centros de apuestas a Compañía Operadora Clíe volvió a poner bajo revisión pública los vínculos entre casinos, plataformas digitales y la familia Bermúdez.
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La autorización de 20 nuevos centros de apuestas a Compañía Operadora Clíe volvió a poner bajo revisión pública los vínculos entre el negocio de los casinos, las plataformas digitales de apuestas y la red empresarial relacionada con la familia Bermúdez Requena.
El caso tomó fuerza después de que una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señalara que Nabor Castrejón Bailón, socio mayoritario de Operadora Clíe, compartió antes una misma licencia oficial con casas de apuestas vinculadas a esa familia tabasqueña.
El permiso en cuestión, identificado como DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, fue utilizado para operar el casino Epic, en Michoacán. Sin embargo, esa misma autorización también aparece relacionada con los sitios de apuestas en línea CrownCity y CityBets.
Ambas plataformas pertenecen a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, compañía en la que participa Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco.
El expediente también tiene una arista política. La constitución de esa empresa fue atestiguada, en su momento, por Adán Augusto López como notario. Hoy, el exsecretario de Gobernación y actual senador de Morena vuelve a aparecer en una trama donde se cruzan negocios, permisos oficiales y poder público.
Una licencia que conecta varias piezas
El punto más delicado no está únicamente en los nuevos permisos. La clave está en el uso de una misma licencia para operar distintos negocios del sector de apuestas, tanto físicos como digitales.
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De acuerdo con la investigación, Diamante Casino también funcionaba con ese permiso. La semana pasada, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra esa empresa por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
Por eso, el caso dejó de ser una historia administrativa sobre juegos y sorteos. Ahora, el expediente entra en un terreno mucho más sensible: lavado de dinero, controles financieros, crimen organizado y posibles fallas en la supervisión del negocio de apuestas.
Además, el tema golpea una zona especialmente vulnerable. Los casinos y las plataformas de juego manejan dinero constante, operaciones digitales y esquemas empresariales que requieren vigilancia estricta. Cuando esa supervisión falla, el riesgo ya no es solo económico; también se vuelve institucional.
Segob autorizó los centros de apuestas en 2024
La Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación autorizó a Compañía Operadora Clíe la instalación y apertura de 20 centros de apuestas el 1 de febrero de 2024.
La decisión se tomó ocho meses antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, la Secretaría de Gobernación estaba encabezada por Luisa María Alcalde.
La dependencia entregó las autorizaciones en cumplimiento de una sentencia de la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio 1681/19-17-08-5.
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Es decir, Segob sostuvo que actuó por mandato judicial. Sin embargo, la duda permanece: ¿la autoridad revisó a fondo los antecedentes, socios y conexiones de las empresas antes de permitirles operar durante los siguientes 15 años?
Permisos vigentes hasta 2039
Los permisos otorgados a Clíe tienen una vigencia de 15 años. En los hechos, eso significa que los centros de apuestas podrían operar hasta 2039, salvo que alguna autoridad revise, suspenda o revoque las autorizaciones.
El dato no es menor. Una licencia de largo plazo puede consolidar negocios millonarios y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a una revisión inmediata si no existe presión pública, política o judicial.
Para el ciudadano común, el asunto importa porque no se trata solo de casinos. También habla de cómo se entregan permisos, quiénes se benefician, qué controles existen y qué pasa cuando el negocio privado se cruza con redes políticas.
Finalmente, los permisos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, abogado identificado como colaborador cercano de Luisa María Alcalde durante los últimos años. Con ese nombre, el expediente suma una nueva línea de responsabilidad dentro de la estructura institucional que avaló las autorizaciones.
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