La crisis de infodemia ya no gira solo en torno a un video mal calificado como falso. Ahora, el caso escaló a una denuncia contra Jenaro Villamil y Miguel Elorza, mientras crecen las dudas sobre el uso de recursos públicos para desmentir, defender al poder y exhibir a periodistas.
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El periodista Ignacio Gómez Villaseñor informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente contra Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y contra Miguel Elorza, responsable de Infodemia, luego de que ambos descalificaran públicamente su trabajo. Según el comunicador, la denuncia se presentó después de que una plataforma oficial etiquetara como falsas sus publicaciones.
El señalamiento estalla, además, en uno de los peores momentos para Infodemia. El 19 de marzo de 2026, la propia plataforma publicó que era falso un video donde aparecía una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional y sostuvo que el material había sido generado con inteligencia artificial. Sin embargo, el 1 de abril, Miguel Elorza reconoció el error y ofreció una disculpa pública en la conferencia presidencial.
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Por eso, el caso ya no se reduce a una diferencia entre un funcionario y un reportero. En realidad, abre una discusión más amplia sobre el uso del aparato público para intervenir en la conversación mediática. Cuando una instancia creada para combatir la desinformación se equivoca en un tema viral y, además, señala a periodistas críticos, el problema deja de ser técnico y se vuelve político.
La presión aumentó todavía más tras una investigación de EMEEQUIS, publicada el 13 de abril de 2026. Ese trabajo, basado en registros públicos revisados por el medio, sostiene que Infodemia acumuló 6 mil 421 “desmentidos” entre julio de 2022 y enero de 2026. Según esa revisión, la plataforma intervino 152 veces en asuntos ligados a Morena, 356 en temas de Claudia Sheinbaum y 325 en contenidos relacionados con Andrés Manuel López Obrador.
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La misma investigación afirma que la plataforma también fue usada para señalar a voces incómodas para el oficialismo. Entre los nombres citados aparecen Carlos Loret de Mola, Azucena Uresti y Denise Dresser. Asimismo, el análisis ubica menciones negativas contra Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Para el ciudadano común, el fondo del asunto sí importa. Si una herramienta financiada con dinero público decide qué es verdadero, pero también entra a la pelea política, entonces se erosiona la confianza en la comunicación oficial. Y cuando esa confianza se rompe, también se debilita el derecho de la gente a recibir información verificable, no propaganda disfrazada de verificación.
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