Hay lealtades que parecen inquebrantables… hasta que llega una visa cancelada, aparece una investigación o asoma el riesgo de perder la libertad.
Claro y conciso | Alberto Castelazo Alcalá
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@Castelazoa
Hay lealtades que parecen inquebrantables… hasta que llega una visa cancelada, aparece una investigación o asoma el riesgo de perder la libertad. Ahí termina la mística partidista y comienza el “sálvese quien pueda”. El caso de Marina del Pilar Ávila tiene bastante de eso.
La gobernadora de Baja California reconoció que es su voz la que aparece en los audios difundidos por el periodista Héctor de Mauleón. Según su versión, conversó con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades estadounidenses, aunque nunca demostraron serlo.
Ese detalle no es menor. Pero tampoco borra lo que se escucha.
En la grabación, Ávila se muestra dispuesta a cooperar y habla de compartir información conocida durante las mesas de seguridad. También deja ver su preocupación ante una posible acción legal en Estados Unidos. No prueba la comisión de un delito, pero sí amerita una explicación mucho más amplia.
Hasta ahora, ninguna autoridad estadounidense ha confirmado públicamente que exista una acusación formal, una negociación o un acuerdo de colaboración con la mandataria. Así que llamarla “informante del FBI” sería adelantarse a los hechos. Lo comprobable, sin embargo, ya resulta suficientemente delicado.
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Claudia Sheinbaum respondió que ni siquiera existe certeza sobre la identidad de los interlocutores. Omar García Harfuch agregó que del audio no se desprende delito alguno y aseguró que las mesas estatales manejan información limitada. Con esas explicaciones, el Gobierno dio el asunto prácticamente por cerrado.
Y ahí está el verdadero problema.
No hace falta que Marina del Pilar conozca los secretos mejor guardados del Estado mexicano. Basta con que una gobernadora haya buscado interlocución fuera de los canales oficiales mientras intentaba aclarar su situación personal en Estados Unidos. Peor todavía: aceptó conversar con personas cuya identidad, según ella misma, jamás comprobó.
El episodio tampoco apareció de la nada. Estados Unidos canceló en 2025 las visas de Ávila y de Carlos Torres, entonces su esposo. Washington no informó públicamente los motivos. Meses después, la gobernadora confirmó que la FGR investigaba a Torres por señalamientos que él ha rechazado.
La Rayuela de La Jornada resumió el escándalo con una pregunta tan incómoda como efectiva: si alguien colabora, delata y trabaja “como sapo”, ¿qué es? La crítica llama la atención porque proviene de un diario históricamente cercano al movimiento lopezobradorista, no de la llamada “comentocracia conservadora”.
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Durante años, la Cuarta Transformación presumió una lealtad casi religiosa. Sin embargo, esa disciplina siempre giró alrededor del poder y de sus dirigentes, no necesariamente de las instituciones. Cuando la supervivencia personal entra en juego, la fraternidad revolucionaria suele durar lo mismo que un discurso de campaña.
Marina del Pilar conserva su derecho a la presunción de inocencia. No hay elementos públicos para asegurar que entregó información reservada o que trabaja para una agencia extranjera. Precisamente por eso se necesita una investigación seria: para conocer quién inició el contacto, qué buscaba y hasta dónde llegó.
Pero Palacio Nacional parece más interesado en apagar el ruido que en despejar las dudas. Tal vez porque revisar el estanque implicaría descubrir que Marina no es el único sapo dispuesto a brincar cuando el agua comienza a calentarse.
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