Cientos de aspirantes de Morena y sus aliados ya recorren los estados rumbo a 2027, mientras el INE sigue sin reglas claras para conocer quién financia su propaganda, eventos y movilizaciones.
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El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta críticas por mantener sin reglas específicas la fiscalización de los procesos internos adelantados rumbo a 2027, mientras cientos de aspirantes de Morena y sus aliados realizan recorridos, actos y promoción personalizada en las 17 entidades que renovarán gubernatura.
Morena registró formalmente 277 aspirantes de su partido, el PVEM y el PT para las llamadas “coordinaciones estatales de defensa de la transformación”. Sin embargo, varios perfiles comenzaron actividades territoriales antes de que concluyera el registro y meses antes del inicio legal de las precampañas.
En calles, plazas y redes sociales, los interesados hablan de sus aspiraciones, encabezan asambleas, difunden su imagen y reparten propaganda. Además, algunos eventos incluyen movilización de simpatizantes, playeras, gorras, porras y grupos musicales, pero esos gastos todavía no están sujetos a una fiscalización especial.
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El consejero Arturo Castillo Loza ha advertido que el organismo funciona como “un árbitro que no está arbitrando”. Hasta el 20 de junio, las autoridades electorales habían recibido 188 quejas relacionadas con presuntos actos anticipados rumbo al proceso 2026-2027.
El problema central es financiero. Actualmente, el INE no cuenta con un mecanismo específico para conocer quién paga los traslados, la propaganda, los eventos o la producción de contenidos digitales. Por ello, tampoco puede determinar con claridad si existen aportaciones indebidas, uso de recursos públicos o ventajas económicas anticipadas.
El 27 de mayo, el Consejo General rechazó, por ocho votos contra tres, una propuesta de Castillo para vigilar estos procesos, identificar propaganda y contabilizar gastos. La mayoría, encabezada por Guadalupe Taddei, argumentó que corresponde al Congreso regular los periodos no previstos expresamente por la legislación electoral.
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No obstante, la propia presidenta del INE reconoció que existen lapsos sin normatividad específica. Después, el bloque mayoritario prometió construir una nueva propuesta; esta fue presentada el 6 de julio, pero su discusión quedó aplazada y todavía no existe fecha para someterla a votación.
Además, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dificultan acreditar una infracción. Para sancionar actos anticipados, deben coincidir los elementos personal, temporal y subjetivo, incluido un llamado expreso al voto o una expresión equivalente que solicite apoyo electoral.
En consecuencia, un aspirante puede posicionar su nombre, presumir obras, recorrer comunidades y promover contenido personalizado sin pedir abiertamente el sufragio. Esa zona gris reduce la capacidad preventiva del árbitro y traslada la disputa hacia denuncias que suelen resolverse cuando la ventaja política ya fue obtenida.
Para la ciudadanía, el impacto no es menor. Sin fiscalización oportuna, resulta imposible conocer si la competencia comienza en condiciones equitativas, si se utilizan recursos públicos o quién financia estructuras de promoción. Mientras las precampañas legales llegarán después de diciembre, la carrera por 2027 ya está en marcha.
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