17 de noviembre de 2026
La violencia letal sí bajó, y el gobierno merece reconocimiento por ello. Pero mientras nadie explique por qué faltan miles de víctimas en las carpetas de las fiscalías, el «un 50 %» seguirá siendo un dato de mañanera y no una prueba de pacificación.

Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá
Lo esencial
- La cifra: el INEGI registró 29,488 homicidios en 2025; las fiscalías, a través del Secretariado Ejecutivo (SESNSP), reportaron 24,348 víctimas. La diferencia es de 5,140, la mayor en al menos una década.
- Quién decide: el gobierno federal y el INEGI, que revisan la discrepancia estado por estado en la mesa de trabajo que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Qué falta comprobar: si la brecha se explica por plazos y metodologías o por homicidios que las fiscalías anotaron en otros rubros.
¿Bajaron o no bajaron los homicidios?
Vamos por partes, porque aquí conviene ser justos. Sí bajaron. Lo dicen las dos fuentes oficiales y, en un país acostumbrado a romper récords en sentido contrario, eso no es poca cosa.
Según el SESNSP, el promedio diario de víctimas pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026: una reducción de 50 % que la presidenta presentó el 10 de noviembre. Además, el INEGI confirmó que 2025 cerró con 4,062 homicidios menos que 2024.
Detrás de ese descenso hay decisiones concretas: coordinación del Gabinete de Seguridad, inteligencia, detenciones y presencia en estados críticos. Sería mezquino negarlo. El problema, entonces, no está en la dirección de la tendencia, sino en su tamaño y en la forma de contarla.

Te puede interesar: Taddei y las cuentas pendientes del INE
¿Por qué no cuadran los números?
Aquí empieza lo interesante. Para el SESNSP, que suma carpetas de investigación, la caída de 2025 fue del 21.2 %. En cambio, para el INEGI, que cuenta certificados de defunción, fue del 12.1 %. Son nueve puntos de distancia sobre el mismo año y el mismo país.
La brecha no es nueva, pero sí creció. En 2024 era de 2,632 casos; en 2025, casi se duplicó. Dicho de otro modo, el INEGI anotó un 21 % más asesinatos que las fiscalías.
Desde luego, hay explicaciones técnicas legítimas: el INEGI incluye muertes de años anteriores registradas tarde y no distingue tipos penales. Sin embargo, aun contando solo los 28,089 homicidios ocurridos en 2025, según el cálculo de Data Cívica, quedan 3,741 víctimas sin correlato en las carpetas.
¿Dónde se quedan las víctimas que faltan?
La pista más incómoda está en los estados. De acuerdo con ese mismo análisis, el Estado de México concentra la mayor brecha, con 1,038 casos, seguido de Guanajuato con 775. Así, por cada 100 víctimas que reporta la fiscalía mexiquense, el INEGI registra 166.
Por otro lado, organizaciones como México Evalúa y Causa en Común señalan otra ruta: el cajón de «otros delitos contra la vida», donde caen muertes que no se tipifican como homicidio doloso. Ojo: esas alertas no prueban manipulación, pero impiden dar por hecho que menos carpetas equivalen a menos muertes.
A eso se suma una violencia que ni siquiera deja acta: más de 130,000 personas desaparecidas en el registro nacional y miles de cuerpos sin identificar. Ninguna de las dos fuentes alcanza a medir completo ese horror.
Te puede interesar: Taddei y las cuentas pendientes del INE
¿Qué respondió el gobierno?
Hay que reconocerlo: la respuesta mejoró. En agosto, con el dato preliminar, la Secretaría de Seguridad presumió que el INEGI «confirmaba» la baja. En noviembre, ya con el definitivo, la presidenta admitió que la diferencia fue mayor que en años previos.
El 13 de noviembre, Sheinbaum dijo: «Estamos en una mesa de trabajo para ver por qué se dio esta situación». También explicó que las fiscalías tienen unos 10 días tras el cierre de mes para entregar su dato final. Es un paso correcto si termina en un documento público.
Asimismo, cuenta a favor la nueva metodología del Secretariado, vigente desde enero de 2026, que exige registros individualizados y georreferenciados. No obstante, ese cambio abre una ruptura de serie justo cuando se compara 2024 con 2026.
¿Por qué debería importarle al ciudadano?
Porque las cifras no son adorno. Con ellas se reparten recursos, se mueve a la Guardia Nacional y se decide qué estado es «modelo de éxito». Si un estado baja en el papel y no en la calle, la presencia preventiva se retira donde todavía hace falta.
Y, sobre todo, porque detrás de cada caso que no llega a carpeta hay una familia sin investigación ni justicia. En mi lectura, el gobierno tiene un logro real que defender; precisamente por eso, a nadie le conviene más que a él explicar las 5,140 muertes de diferencia.
Qué falta comprobar
- Que la mesa de trabajo entre el gobierno federal y el INEGI publique, estado por estado, la conciliación de la brecha de 2025, con fecha y metodología.
- Que el Secretariado desagregue el rubro de «otros delitos contra la vida» y explique cómo comparará la serie anterior con la de 2026.
- Que los datos definitivos de 2026 del INEGI confirmen la baja sin una brecha todavía mayor.
El análisis completo, está en el canal de YouTube de Política Gurú. Te espero ahí.




