Paola Gárate: la amenaza que el poder no puede minimizar

Una corona fúnebre frente a la casa de Paola Gárate no solo amenaza a una diputada: exhibe la fragilidad del Estado ante la violencia política.

Claro y Conciso | Alberto Castelazo Alcalá

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Una corona fúnebre frente a la casa de Paola Gárate no necesita traducción política. En Sinaloa, ese mensaje pesa como una pistola sobre la mesa: te estamos mirando, te queremos callada.

La diputada local del PRI salió del estado por miedo. No por cálculo, no por show, no por estrategia mediática. Salió porque entendió que la amenaza cruzó una línea. Y cuando una legisladora tiene que abandonar su tierra para seguir viva, el problema ya no es partidista. Es del Estado.

Gárate lleva años denunciando presuntos vínculos entre políticos sinaloenses y el crimen organizado. Su caso cobró más fuerza después de que autoridades de Estados Unidos colocaron bajo la lupa a funcionarios de Sinaloa, incluido Rubén Rocha Moya, por presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Ahí está el punto incómodo: no estamos ante una disputa menor entre gobierno y oposición. Estamos ante una mujer que denuncia redes de poder, recibe una amenaza directa y no encuentra una respuesta institucional a la altura del riesgo.

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Pidió protección federal. Tocó puertas. Buscó respaldo. Lo que recibió, según su propia versión, fue burocracia, evasivas y una protección a medias. Es decir: el clásico “estamos pendientes” que en México muchas veces llega antes del comunicado de condolencias.

El gobierno no puede tratar estos casos como si fueran molestias políticas. Proteger a Paola Gárate no significa comprar su discurso ni respaldar al PRI. Significa aceptar una regla elemental: nadie debe quedar a merced de amenazas por denunciar al poder.

La pregunta golpea porque ya conocemos la ruta. Carlos Manzo también pidió ayuda. También alertó. También incomodó. Después de su asesinato llegaron las condenas, los discursos y las promesas. Pero para entonces el Estado ya había fallado donde más importa: antes del crimen.

Con Gárate, el gobierno todavía está a tiempo. No para hacer control de daños, sino para evitar otro expediente de negligencia política. Una evaluación seria de riesgo, escolta permanente y una investigación real no son privilegios. Son obligaciones.

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La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta aquí una prueba incómoda. Puede permitir que el caso se diluya entre acusaciones cruzadas, discursos defensivos y blindajes partidistas. O puede mandar una señal firme: el Estado protege incluso a quienes incomodan al gobierno.

Porque la seguridad no puede depender del color del partido. Si el poder decide quién merece protección y quién no, entonces la democracia queda reducida a una lista de aliados y descartables.

Y eso, en un país marcado por la violencia política, no solo es peligroso. Es una renuncia.

Claro y Conciso: cuando una corona fúnebre sustituye al debate público, el Estado ya va tarde.

Paola Gárate