El feminicidio de Edith Guadalupe no solo sacudió a la Ciudad de México; también volvió a exhibir a una Fiscalía que reaccionó tarde, dejó más dudas que certezas y confirmó la desconfianza ciudadana.
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El caso de Edith Guadalupe no solo retrata un crimen atroz. También exhibe, con una claridad incómoda, el tamaño del fracaso institucional en la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando una familia denuncia una desaparición, aporta datos, señala un lugar y aun así se topa con indiferencia, retrasos y malos tratos, lo que queda al descubierto no es un error aislado. Es un sistema podrido.
Ese es el fondo del asunto. La muerte de una joven de 21 años, que salió en busca de una oportunidad de trabajo y terminó asesinada, volvió a poner sobre la mesa una verdad que en México ya resulta imposible maquillar: en demasiados casos, las familias investigan más rápido y mejor que la autoridad. Y eso, en cualquier democracia funcional, tendría que ser inadmisible.
Lo más grave es que no se trata de una fiscalía menor, perdida en un estado sin recursos. Se trata de la institución de justicia de la capital del país, la que presume más presupuesto, más personal y más capacidades. Si así responde la FGJCDMX, entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿qué puede esperar un ciudadano en el resto del país?
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Durante años se vendió la idea de que transformar las viejas procuradurías en fiscalías autónomas iba a cambiarlo todo. Se habló de profesionalización, de independencia, de investigación científica, de atención eficaz a las víctimas. Pero la realidad terminó siendo otra. Cambiaron los nombres, crecieron los organigramas y se multiplicaron los discursos, pero los vicios siguieron intactos: burocracia, corrupción, negligencia y desprecio por el ciudadano.
El caso de Edith Guadalupe lo resume de forma brutal. La familia tuvo que moverse sola, buscar sola, insistir sola. La autoridad, en cambio, reaccionó tarde. Y cuando el caso escaló públicamente y se convirtió en indignación nacional, entonces sí aparecieron las explicaciones, los posicionamientos y los intentos de control de daños. Es decir, la Fiscalía no actuó cuando debía actuar; actuó cuando ya no pudo esconder su ineficacia.
Ahí está el verdadero golpe político y social. Porque una institución de justicia no puede vivir de comunicados ni de conferencias. Su credibilidad depende de llegar primero, de proteger a la víctima, de investigar a fondo y de entregar resultados sólidos. Nada de eso ocurrió de forma convincente en este caso. Por eso hoy no solo está en duda una investigación. Está en duda toda la palabra de la Fiscalía.
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Y mientras la autoridad intenta cerrar el caso con una versión oficial, siguen flotando preguntas que no son menores. ¿Quién contactó a Edith Guadalupe? ¿Quién la citó en ese lugar? ¿Hubo más personas involucradas? ¿Se está castigando a todos los responsables o solo se busca presentar un culpable rápido para contener la presión pública? Cuando las dudas pesan más que la narrativa oficial, lo que se erosiona no es solo un expediente. Se erosiona la confianza pública.
Ese es el tamaño del daño. Porque cada vez que una fiscalía falla así, el mensaje para los ciudadanos es brutal: si desaparece alguien de tu familia, estás por tu cuenta. Y cuando el Estado transmite esa idea, deja de ser garante de justicia para convertirse en parte del problema.
El caso Edith Guadalupe tendría que ser un punto de quiebre. Pero para eso se necesita algo más que indignación temporal. Se necesita limpiar instituciones, sancionar omisiones reales y romper de una vez la red de impunidad burocrática que protege a funcionarios incapaces. De lo contrario, esta historia terminará donde terminan casi todas: en el escándalo de unos días, en la promesa vacía de revisión interna y en la certeza amarga de que, para miles de mexicanos, la justicia sigue llegando tarde o no llega nunca.
Editorial basada en la columna de opinión de Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras publicada en El Universal.
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