Ramiro Chávez Gochicoa, exrector de la Universidad Politécnica del Centro y exsecretario de Cultura en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, quedó fuera de un proceso penal por un contrato de más de 31 millones de pesos ligado al esquema conocido como Estafa
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Ramiro Chávez Gochicoa, exrector de la Universidad Politécnica del Centro y exsecretario de Cultura en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, quedó fuera de un proceso penal por un contrato de más de 31 millones de pesos ligado al esquema conocido como Estafa Maestra.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó que la Fiscalía no logró sostener la acusación por uso ilícito de atribuciones y facultades. Para los magistrados, el Ministerio Público no explicó con claridad qué pruebas acreditaban el delito ni cómo vinculaban al exfuncionario con la conducta imputada.
El fallo no cierra por completo el expediente. La Auditoría Superior de la Federación y la Sedatu todavía pueden recurrir al amparo, ya que ambas fueron reconocidas como partes ofendidas en el caso.
El contrato que encendió las alertas
El caso nació de un convenio firmado el 13 de mayo de 2016 entre la Universidad Politécnica del Centro, entonces encabezada por Chávez, y la Sedatu. El acuerdo contemplaba el diseño de indicadores de deterioro habitacional, una aplicación móvil para levantar encuestas y un manual de operación.
El monto total ascendió a 31 millones 349 mil pesos. La universidad debía entregar los productos entre junio y septiembre de ese año.
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La Fiscalía sostuvo que la UPC incumplió con el convenio. Según la imputación, los entregables fueron deficientes, incompletos o no cumplieron con las especificaciones pactadas. Incluso señaló que uno de los documentos habría tomado contenido de materiales vinculados al Infonavit.
La acusación se cayó por falta de precisión
El punto que terminó por beneficiar a Chávez fue técnico, pero decisivo. El tribunal consideró que la Fiscalía presentó afirmaciones sin amarrarlas con datos de prueba concretos.
Dicho de otra forma: una cosa era probar un mal servicio, una entrega deficiente o un incumplimiento contractual. Otra, mucho más grave, era demostrar un delito y la participación directa del exrector.
Ahí se rompió la acusación.
Los magistrados concluyeron que, si los productos no cumplían con lo contratado, la ruta podía ser una reclamación por reparación del daño. Sin embargo, eso no bastaba para llevar el caso al terreno penal.
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El expediente pega en el entorno político de Tabasco
La resolución también tiene lectura política. Chávez no fue un funcionario menor en Tabasco. Después de su paso por la universidad, Adán Augusto López lo integró a su gabinete como secretario de Cultura en 2020.
Por eso, aunque el fallo representa un respiro judicial para el exfuncionario, el caso vuelve a colocar bajo reflector las redes administrativas que rodearon a gobiernos estatales, universidades públicas y dependencias federales.
El nombre de la Estafa Maestra sigue pesando porque reveló un mecanismo repetido: instituciones públicas contrataban universidades para evitar licitaciones, y después esas universidades subcontrataban servicios con terceros.
Para el ciudadano común, el problema es claro. Recursos destinados a vivienda, tecnología o indicadores públicos terminaron atrapados en expedientes opacos, entregas cuestionadas y litigios que avanzan durante años.
Chávez libró el proceso por ahora. Pero el caso deja una pregunta incómoda: cuando una acusación se cae por estar mal construida, ¿quién responde por el dinero público que nunca quedó plenamente explicado?
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