La confianza pública se erosiona cuando las instituciones parecen proteger liderazgos y relatos por encima de los principios. En #AsídeClaro, David Martínez Staines contrasta la credibilidad de la FIFA con los riesgos que enfrenta la política mexicana.
#AsídeClaro | David Martínez Staines
Opinión
Columnista
Política Gurú
Hay una vieja máxima del poder que rara vez falla: cuando una institución deja de defender principios y comienza a defender personajes, el deterioro ya empezó.
Ocurre en el deporte. Ocurre en la política. Ocurre en cualquier espacio donde la narrativa termina siendo más importante que la verdad.
Durante años, la FIFA ha intentado reconstruir una credibilidad golpeada por escándalos de corrupción, decisiones controvertidas y una creciente desconfianza de millones de aficionados. En ese escenario, Lionel Messi —uno de los futbolistas más extraordinarios de la historia— se convirtió también en el rostro ideal de un relato irresistible: el genio que finalmente conquista el único trofeo que le faltaba. Para muchos, ese desenlace fue simplemente la culminación lógica de una carrera irrepetible. Para otros, algunas decisiones arbitrales y episodios polémicos alimentaron la percepción de un trato privilegiado.
No es necesario resolver ese debate para extraer una lección.
Cuando una institución pierde credibilidad, incluso sus decisiones correctas dejan de ser suficientes para convencer a todos.
La confianza tarda décadas en construirse.
Puede empezar a derrumbarse en cuestión de meses.
La política mexicana debería tomar nota.
La llamada Cuarta Transformación nació con una promesa monumental: no solo cambiar de gobierno, sino cambiar la forma de ejercer el poder. La bandera fue la honestidad pública, el combate a la corrupción, la austeridad y una nueva ética en la vida nacional. El mensaje fue poderoso porque conectó con un país cansado de abusos, privilegios e impunidad.
Pero las democracias no viven de promesas.
Viven de resultados.
Y los resultados no se miden por la duración de una conferencia de prensa, por la popularidad en las encuestas ni por la eficacia de una estrategia de comunicación. Se miden por la fortaleza de las instituciones, por la seguridad de las familias, por la confianza en la justicia y por la certeza de que la ley se aplica sin distingos.
Ahí comienza el verdadero examen del poder.
México sigue enfrentando altos niveles de violencia. La extorsión afecta a pequeños y grandes negocios. Comunidades enteras viven con miedo. Periodistas, servidores públicos y ciudadanos enfrentan riesgos en diversas regiones. A ello se suman investigaciones y señalamientos que, en distintos momentos, han involucrado a actores políticos de diferentes partidos. Frente a ese panorama, la respuesta democrática no puede ser el silencio ni la descalificación automática de quien pregunta.
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El escrutinio no es un acto de traición.
Es una obligación republicana.
Sin embargo, existe una tentación constante en cualquier proyecto político exitoso: creer que el respaldo popular convierte las críticas en irrelevantes. Es un error tan antiguo como el poder mismo.
Primero se dice que los críticos exageran.
Después se afirma que defienden intereses ocultos.
Más tarde se desacredita a las instituciones que investigan.
Y finalmente se concluye que cualquier cuestionamiento forma parte de una conspiración.
Es una ruta conocida.
Y profundamente peligrosa.
Porque una democracia no se deteriora únicamente cuando hay corrupción. También se debilita cuando la discusión pública deja de girar alrededor de los hechos y comienza a organizarse alrededor de las lealtades.
Entonces ya no importa qué ocurrió.
Importa quién lo dice.
Esa lógica empobrece cualquier país.
No importa si gobierna la izquierda, la derecha o el centro.
El poder siempre tiene la misma inclinación: protegerse.
Por eso las instituciones existen precisamente para ponerles límites.
No para aplaudirlo.
La historia mexicana ofrece demasiados ejemplos de gobiernos convencidos de que eran distintos hasta que terminaron pareciéndose a aquello que prometieron combatir. Cambian los colores, cambian los discursos, cambian los protagonistas.
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Las tentaciones permanecen.
La diferencia entre un gobierno fuerte y uno realmente democrático no está en la ausencia de críticas. Está en la manera en que responde a ellas.
Un gobierno seguro de sí mismo fortalece a los órganos de control, acepta investigaciones, responde con datos y corrige errores.
Un gobierno inseguro necesita dividir, desacreditar y convertir cualquier cuestionamiento en un acto de enemistad política.
Esa diferencia define el futuro de las instituciones.
Por eso la analogía con el futbol resulta útil, aunque tenga límites.
Cuando un sector importante de la afición sospecha que el árbitro dejó de ser imparcial, el campeonato pierde parte de su legitimidad, aunque el resultado sea justo.
En política ocurre algo aún más delicado.
Cuando una parte creciente de la ciudadanía percibe que las instituciones no actúan con la misma firmeza frente a todos, la confianza en el Estado comienza a resquebrajarse. Y recuperar esa confianza siempre cuesta mucho más que perderla.
El problema de fondo no son los líderes carismáticos ni las figuras populares.
Toda sociedad los tendrá.
El verdadero riesgo aparece cuando las instituciones empiezan a comportarse como si existieran para proteger a los poderosos en lugar de servir a los ciudadanos.
Ningún presidente, ningún partido y ninguna mayoría deberían aspirar a convertirse en intocables.
Porque las democracias no fracasan cuando existen gobiernos fuertes.
Fracasan cuando dejan de existir contrapesos fuertes.
Los relatos pueden ganar elecciones.
La propaganda puede sostener una popularidad durante un tiempo.
Pero la realidad termina imponiéndose.
Siempre.
Y cuando llega ese momento, no pregunta por ideologías, colores o discursos.
Solo presenta la factura.
Y esa factura, invariablemente, la termina pagando la sociedad.
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